El ERE en Cemex empieza hoy con agujeros en el plan de reindustrialización

La empresa Cemex inicia este lunes el proceso de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado para los alrededor de 200 trabajadores de las dos fábricas de cemento que cierra en España, la de Lloseta y Gádor (Almería).

El inicio de la negociación tendrá lugar con la constitución de la mesa de negociación con los sindicatos, que se extenderá durante treinta días.

A raíz del anuncio, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, anunciaron la puesta en marcha de un plan para la reindustrialización de Gádor, pero éste no convenció a los sindicatos ni a los trabajadores, pero dio un respiro "político" al problema en plena campaña electoral andaluza. De hecho, quien se puso al frente de la negociación fue el consejero de Agricultura, Rodrigo Sanchez Haro, almeriense, pero sobre todo, candidato en la lista del PSOE al Parlamento de Andalucía.

Los cierto es que un análisis de lo que se ha firmado deja en evidencia la euforia con la que fue firmado en Almería, y que como ya indicó Noticias de Almería, en el mejor de los casos, no contemplaría el mantenimiento de ni tan siquiera la mitad de la actual plantilla.

Pero no solo eso, de un estudio más profundo se advierte que la “planta de áridos” apunta una inversión de 30.000 euros, y solo precisa dos empleados de baja cualificación para su explotación, la “planta de hormigón” costará 150.000 euros y durante el montaje precisa cinco empleados, y luego tres de baja cualificación para su explotación, la “producción de travertino” necesita cinco operarios de baja cualificación, la “planta de tratamiento residuos” costará 600.000 euros, y contará con 20 trabajadores para su montaje y 10 para su explotación, de baja cualificación, los “silos de cemento” suponen 300.000 euros y serán 20 empleos para su montaje y cuatro para la explotación, de baja cualificación. A esto se añade una planta fotovoltaica que precisa una inversión de 115 millones, con 357 empleos y solo 10 para el mantenimiento, con cualificación media, y por último, una fábrica de cemento con entre 100 y 200 empleos de cualificación media y alta.

De esta forma se puede comprobar que tanto la planta de hormigón o la planta de áridos, son proyectos con baja inversión con pequeñas infraestructuras ya existentes, con requerimiento mínimo de plantilla de escasa. Estos proyectos podrían tener como objetivo la conservación de licencias de explotación de las canteras, ya que según los especialistas, el mercado está saturado por empresas de Almería dedicadas a la producción de hormigón.

Los silos de cemento, serían utilizados para albergar cemento procedente de plantas de Cemex fuera de la comunidad andaluza con los que atender el mercado que abandona la fábrica que cierran, lo que demostraría lo poca justificación del cese de la actividad. Esto supondrá que el trabajo real en la factoría sea exclusivamente comercial, buscar clientes en Almería para comprar cemento no producido en Almería.

La planta de pretratamiento de residuos para preparar combustibles para otras industrias es algo que ya existe en la provincia y no es ninguna novedad, si bien lo necesario son instalaciones que faciliten el tratamiento final a esos residuos y la planta de Gádor ya cuenta con unas instalaciones adecuadas como destino final de residuos.

Y para la planta solar, hay que recordar que para cada MW se precisan dos hectáreas, por lo que para los 295 MW prometidos, se precisarían 200 hectáreas, son 6.000 metros cuadrados.

Cemex planteó a mediados del pasado mes de octubre el cierre de dos de sus siete plantas de cemento en España y la presentación de un ERE para sus trabajadores ante la "drástica y continuada caída de la demanda de cemento en el país".

El ajuste, que coincidió en el tiempo con los anunciados por Vestas y Alcoa, también se achacó al "incremento de los costes de operación, fundamentalmente de combustibles y la electricidad, al cambio de la normativa europea de CO2 y a la pérdida de competitividad en los mercado internacionales".

Se trata del segundo ajuste que acomete en el país, cinco años después del que abordó entre 2012 y 2013, en plena crisis, que supuso recortar 436 empleos y la venta de una fábrica de Barcelona.