La dramática desaparición del pequeño Gabriel el 28 de febrero de 2018 en Níjar, y la posterior detención de su asesina confesa, y el hallazgo del cadáver, fue un asunto que “contagió de amarillismo” a los medios de comunicación considerados “serios”, pero también a los programas informativos más formales, según el análisis realizado por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) consultado por Noticias de Almería.
Las características de estos hechos, contribuyeron a que muchas televisiones, públicas y privadas, dedicaran buena parte de su programación informativa y de sus magacines al seguimiento del caso, con numerosas conexiones en directo, mesas de debate, reportajes y otros contenidos. Este tratamiento generó una gran preocupación social por el papel que desempeñan los medios de comunicación al ocuparse de tragedias como la desaparición de personas, especialmente determinados programas de televisión.
El CAA señala que la cobertura informativa desplegada en el caso Gabriel “fue cuestionada debido a la difusión, en ciertas televisiones y programas, de especulaciones y rumores, la explotación sentimental de la noticia y la vulneración del derecho a la intimidad y el honor de terceras personas, así como, según denunció la Guardia Civil, el riesgo de entorpecer la investigación en curso”. Por todo ello, el Consejo decidió de oficio realizar un informe cualitativo sobre el tratamiento dado a este caso en La 1 de TVE, Antena3, Telecinco, La Sexta, Cuatro, Canal Sur TV e Interalmería TV.
A los pocos días de esta decisión, el CAA recibió una queja en su Oficina de Defensa de la Audiencia del entorno familiar de una persona que circunstancialmente se vio involucrada en la investigación y que fue rápidamente descartada por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En esta queja se denunciaba “la manipulación informativa y la quiebra intencionada, con fines comerciales y de alimentar el espectáculo televisivo, del principio fundamental de veracidad al seguir vinculando a esta persona con la desaparición y muerte del menor en los magacines matinales de Antena 3 y Telecinco, a pesar de que las fuentes oficiales de la investigación habían descartado su participación”.
La reclamación añadía que sendos programas “ignoraron todas las peticiones realizadas por la familia para que se rectificasen las informaciones que estaban difundiendo en torno a esta persona y denunciaba además acoso mediático”.
El análisis sobre el tratamiento informativo de este caso comprendió casi 69 horas de contenidos correspondientes a los informativos y otros programas no netamente informativos de los canales citados durante los tres días clave del desarrollo del suceso. Del mismo se desprende “el abultado tiempo dedicado a la cobertura de este caso, especialmente en los programas magacines de La 1, Antena 3 y Telecinco, con porcentajes que superan el 70% del tiempo de emisión”. El CAA constató la “descompensación” entre el tiempo destinado a difundir “información contrastada sobre la investigación” frente a la “divulgación de elucubraciones y especulaciones realizadas por el programa y sus colaboradores”.
En cuanto a la queja recibida en el CAA, el informe constató que algunos de estos programas pudieron vulnerar el artículo 4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, sobre el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de personas que, circunstancialmente se han visto involucradas en este caso. La decisión aprobada por el Consejo sobre este informe calificaba de “verdadero linchamiento mediático” el sufrido por esta persona desde algunas televisiones que no tuvieron ningún ánimo de rectificar a pesar de que su vinculación con los hechos estaba totalmente descartada.
Por ello, el Consejo remitió la queja, el informe y la decisión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo competente en las televisiones de ámbito nacional, interesándole para que adoptase las medidas correctoras ante conductas que pudieran ser contrarias a la legislación vigente.
Otra de las conclusiones más relevantes del análisis constata “el contagio en los espacios netamente informativos de prácticas amarillistas en las que se omite por completo el deber de diligencia en la comprobación de la veracidad de la información al reproducir rumores y especulaciones alimentadas en los programas de entretenimiento”. Una práctica sobre la que el CAA llamó la atención y ante la que reclamó la asunción de los códigos, guías y normas deontológicas de los que disponen los periodistas para garantizar un tratamiento informativo riguroso y responsable en asuntos de interés general como las desapariciones de personas.
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