El juicio por la muerte violenta del pequeño Gabriel en febrero de 2018 en Las Hortichuelas de Níjar, comenzará el próximo lunes en la Audiencia Provincial, y la primera en declarar será la homicida confesa Ana Julia Quezada, en tanto que los padres, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, lo harán a puerta cerrada, según el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La magistrada Alejandra Dodero extiende la declaración a puerta cerrada para el interrogatorio de la abuela paterna de Gabriel y una prima del niño, así como a la prueba pericial forense que está señalada para el día 16 de septiembre.
Dodero toma así en consideración la petición de la acusación particular ejercida por los letrados Francisco y Miguel Ángel Torres apoyada un informe del Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA), dependiente de la Junta de Andalucía, en relación a la situación psíquica y emocional de los padres y con el que se interesaba que se acordase la celebración del juicio con jurado popular a puerta cerrada.
Hay que recordar que Ana Julia está acusada de la presunta comisión de dos delitos de lesiones psíquicas sobre Patricia Ramírez y a Ángel Cruz, a quienes, a quienes intentó "causar más sufrimiento" durante los días en los que estuvo desaparecido su hijo mientras que el auto de hechos justiciables de la magistrada subraya "su proceder" en los actos de movilización de esos días y el hecho de que la procesada estuviese "integrada en su más íntimo entorno familiar".
La acusación pidió el secreto total de la vista, pero la magistrada señaló que hacerlo no evitaría que se hablara del tema y seguiría teniendo trascendencia mediática. La Fiscalía ha respaldado la decisión de la magistrada.
La resolución recoge parcialmente el contenido del informe del SAVA, que advierte del estado de "victimización secundaria" de los progenitores de Gabriel Cruz por, entre otras causas, el "uso desmedido de la mediatización del caso" y remarca que se ha generado "un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia".
Añade que el hecho de que el juicio sea público y "grabado" generaría "una profusión de noticias, programas e impactos que darían lugar a un contexto tan terrible como innecesario de evocación del trauma".
Los técnicos del SAVA apuntan, también, a que la "victimización secundaria sufrida" por Ángel Cruz y Patricia Ramírez "se vera sin duda agravada si se hacen públicos los detalles de la autopsia, los contenidos de los informes psiquiátricos y psicológicos o los detalles acerca de cómo se produjo la muerte del menor".
"Indica el SAVA que hay detalles de la autopsia que los familiares del niño desconocen y que los informes psicológicos de los padres contienen información delicada", concluye la magistrada para atender la solicitud de las acusaciones personas en la causa.
Cabe recordar que los padres del niño de ocho años Gabriel Cruz han demandado a diversas instituciones y entidades "amparo ante las amenazas que la cita judicial" comporta para sus derechos fundamentales como "víctimas de delitos violentos", así como respeto a la "memoria" del menor, y de "la intimidad, el honor e integridad de su familia".
En un escrito "exhaustivamente documentado", solicitan que se "evite" realizar informaciones relativas a los informes forenses relativos a su hijo "que puedan dañar su imagen y ocasionar un dolor enorme a su seres queridos", así como un uso "responsable" de esta.
Patricia Ramírez y Ángel Cruz piden, asimismo, según ha informado el CAA, que no se produzcan "interferencias" que pudieran "cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías" ya que cabe recordar que será un tribuna del jurado el que dirima la culpabilidad o no culpabilidad de la única procesada por el crimen, Ana Julia Quezada.
Los padres de Gabriel han expresado, asimismo, su "preocupación" porque "puedan volver a repetirse" tratamientos "lesivos para con la imagen y memoria" de su hijo como "las que se produjeron tras su desaparición y la detención de su presunta asesina".
Así, hacen un llamamiento "general" a la "contención" en el tratamiento informativo y reclaman "de forma expresa" medidas en torno a los contenidos de los informes periciales relativos a cómo falleció el menor, "así como los suyos propios por pertenecer al ámbito de la intimidad y de la privacidad".
En su escrito también esperaban que la magistrada presidenta del tribunal, Alejandra Dodero, adoptase "medidas de protección en los contenidos más sensibles".
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