El fraude de los ERE ya tiene sentencia, y ya hemos visto el caso de los cursos de formación “Edu”, y estamos viendo el caso de la FAFFE, y dentro de ellos decenas, cientos, de pequeños casos que se dilucidan en los juzgados andaluces con estremecedores puntos en común.
El primero de ellos es la malversación -en unos casos sentenciada, y otros aún presunta- de caudales públicos, que debiendo ir a dar respuesta a nuestro principal problema, el paro, en realidad han acabado en los bolsillo de los golfos que montaron el operativo, pero también en los bolsillos de los amigos de esos golfos, y en último caso, no resolvieron nunca la situación de desempleo para la que se habían creado.
Y esa es la clave. Eso explica por qué Andalucía sigue siendo el territorio con más paro de todo el Estado español, que es tanto como decir de toda la Unión Europea.
No es que los andaluces de a pie se hayan acostumbrado a vivir de las migajas que les da el cacique hoy, como se las daba antaño, no, lo que sucede es que algunos han venido viviendo muy bien del reparto de esas migajas, que es lo que queda después de comerse la hogaza.
Si no hubiese una situación de paro estructural, si Andalucía se hubiese industrializado, si los gobiernos andaluces hubiesen destinado a la lucha contra el desempleo el dinero en vez de a subsidiar al parado, hace mucho que ni los ERE, ni los cursos de formación, ni la FAFFE ni los mamoneos varios, hubiesen tenido cabida.
La solución ante el desempleo en Andalucía ha sido ahora la misma que en el siglo XIX, darnos el pan suficiente para mantenernos vivos, antes para tenerle el cortijo al señorito y ahora para mantenerle el sillón a sus señorías, pero ni un poquito más, no fuera ser que cogiéramos fuerza para rebelarnos.
Es mejor que las consecuencias del Brexit o de los aranceles norteamericanos, o la crisis de la agricultura, tenga como respuesta ayudas y subvenciones, en vez de generar estrategias de modernización de los sectores productivos.
Mientras haya parados, habrá cursos de formación, formación para el empleo, pólizas para hacer ERE, fundaciones públicas, agencias públicas, cargos públicos con coches públicos, tarjetas visa públicas, y fiestas privadas a nuestra costa.
¿Cuántas empresas andaluzas se han hundido por tener amiguetes en el organigrama de la Junta? ¿Cuántas han dejado de crearse por lo mismo?
Esa es la política de la izquierda, una política fracasada, como lo demuestran cuatro décadas en que no nos hemos movido del último puesto en el ranking europeos.
Hacía falta un cambio de paradigma, al menos para comprobar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que tener una buena red de carreteras elimina más parados que un curso, que reducir impuestos incentiva más la contratación que una subvención, que eliminar tasas facilita el traspaso de negocios para evitar su cierre.
No, Andalucía no puede seguir siendo la sentenciada.