La Sección Segunda de la Audiencia Provincial, bajo la presidencia del magistrado Luis Columna ha confirmado el archivo definitivo de otra de las causas abiertas contra el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), por la compra desde el Ayuntamiento de vehículos al concesionario Surponiente, propiedad de familiares del mismo.
El auto de la Audiencia, dictado el 23 de diciembre rechaza el recurso de apelación dela Fiscalía tras el archivo en primera instancia por un juzgado de Roquetas, que no encontró "evidencia" de que la vinculación "personal propia y familiar" del alcalde con los propietarios del concesionario hubiese influido en la adquisión.
En la decisión de la Audicencia se indica que los tres expedientes objeto de la denuncia, de los que dos corresponden a 2005 y uno de 2006, señala que los coches se compraron por ser los únicos ofertados, y que la tramitación de los expedientes es correcta, hasta el punto de que no aprecia que en los pliegos de condiciones para la adquisición haya elementos que puedan hacer pensar que se condicionaba la compra en beneficio de una determinada empresa.
Más polémico resulta el tercer expediente, el de 2006, ya que no ha sido encontrado, y ha sido el secretario municipal quien ha certificado que no estaba presente el investigado cuando se hizo la tramitación.
Por otro lado, el auto recoge además como motivo por el que no ve ilícito penal que el vehículo elegido, a pesar de ser el más caro de los tres ofertados, era el preferido por "servicios, equipamiento y prestaciones".
La Audiencia añade en último término que el Ministerio Fiscal no indica "qué delito quiere perseguir" o "sobre qué quiere interrogar al investigado", ya que en su escrito solicitaba la toma de declaración del mismo si bien, a tenor de lo determinado, concluye que "con lo investigado es más que suficiente para determinar que no hay ilícito penal".
"Aún no queda claro qué delito se estaba investigando", recalca el auto en el que el tribunal asegura que no se sabe si se está persiguiendo "un delito de prevaricación administrativa, uno de tráfico de influencias, de malversación de caudales públicos o de negociación prohibida a funcionarios públicos".
Ahonda además el tribunal en el papel desarrollado por el juez instructor de la causa, que "ha ido resolviendo de forma inmediata todas las cuestiones que le han sido planteadas por el apelante, tanto en la petición de prueba documental como en la práctica de las cuatro testificales que se le solicitaron", toda vez que destaca la "cooperación" del Ayuntamiento de Roquetas, que "ha respondido rápidamente a la petición de documentación que se ha requerido".
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