El Informe Pícaro no tiene autor conocido y de él se tiene constancia de que presenta dos versiones, una corta y otra larga con más implicados e implicaciones. Salió a la luz una vez que la Operación Poniente ya se había visibilizado con la entrada de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en el Ayuntamiento de El Ejido en octubre de 2009, pero lo cierto es que fue la pista inicial utilizada sobre la que trabajaron quienes hoy constituyen la acusación popular en este caso y que firma el despacho de abogados “Lucas y Asociados”.
Así lo admite en su entrevista con Noticias de Almería, la ejidense Rosalía Espinosa, parlamentaria andaluza por el PP y que en su dilatada trayectoria política, también fue concejal en el consistorio con Juan Enciso como alcalde cuando éste era del PP, al cual ha sentado en el banquillo de los acusados por lo que presuntamente hizo tras escindirse y crear el Partido de Almería (PAL).
Espinosa, abogada de profesión y en aquellas fechas secretaria general del PP de El Ejido, recuerda que tras caer en sus manos aquel informe, se pusieron a trabajar ella y Emilio Lucas, para comprobar si lo que allí se contaba era cierto o no, y si tenía algún tipo de encaje penal. Fueron muchas horas de trabajo en solitario, pidiendo notas simples sobre propiedades, informes del Registro Mercantil sobre empresas… y todo eso mientras por otro lado, y según dice, sin saber ellos nada al respecto, el entonces abogado del Ayuntamiento, Antonio Sánchez Ramón, había acudido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia con sede en Granada, con documentación sobre lo que estaba ocurriendo.
Espinosa no ve relevante el detalle de quién presentó la primera denuncia, pero sí pone en valor que la primera sellada es la del Partido Popular, y que también es la más completa, la que abarca más aspectos, mientras que la que posteriormente haría efectiva Izquierda Unida, se limitaba a una cuestión urbanística que ellos ya habían encajado en ese enorme puzle que es la Operación Poniente.
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