Solo el 0,3% de los menores extranjeros no acompañados “mena” que llegaron en 2018 –último año del que hay datos oficiales- a Almería tuvieron que ser trasladados a centros de reforma, según la información consultada por Noticias de Almería.
Frente a los tres que tuvieron que ser enviados a reformatorios por su comportamiento, 573 abandonaron los centros de acogida por propia iniciativa, 116 lo hicieron por mayoría de edad, 79 por la reunificación familiar en territorio español, cuatro por esa misma razón pero en su país de origen, y otros los dejaron por motivos no especificados.
Los datos de bajas en los centros de acogida para traslado a reformatorios son similares en todas las provincias andaluzas, ya que en Córdoba fueron cuatro, 17 en Granada, uno en Huelva, en Jaén tres, en Málaga cinco y en Sevilla uno. En Cádiz, donde 2.814 mejores dejaron los centros de acogida libremente, ninguno fue a uno de reforma, si bien la reunificación familiar alcanzó a 112, siendo la cifra más alta de Andalucía.
Lo que se hace, en el caso de que un menor abandone el centro de protección, es notificarlo a los Cuerpos de Seguridad del Estado mediante la correspondiente denuncia y mantener el contacto, a través de distintos canales de comunicación, con los servicios de protección del resto de comunidades autónomas, por si el menor se ha desplazado por el territorio español y pueden localizarlo. No obstante, la mayoría de los abandonos voluntarios vienen motivados porque los menores extranjeros tienen un proyecto migratorio definido y Andalucía constituye un lugar de paso.
Los menores extranjeros no acompañados tienen garantizados sus derechos en el sistema de protección de menores; entre ellos, el derecho a salir libremente de los centros para realizar actividades programadas, de ocio y tiempo libre, como parte de la metodología de intervención con menores para favorecer su normalización e integración. Por ello, los centros de protección no tienen un régimen cerrado.
En estos centros se trabaja para estimular y motivar a los menores con medidas educativas, para que no abandonen los centros para continuar su proyecto migratorio. Entre otras medidas, se les informa sobre lo positivo de la protección de menores, sus derechos y deberes, y se les explican cuáles son las actuaciones a desarrollar, tanto para su identificación y documentación como para su escolarización y su formación, lo que les facilitará el acceso al mercado laboral en su mayoría de edad. Además, se colabora con los menores para conocer sus necesidades e intereses, y para saber si tienen familiares directos en nuestro país. En caso de que los tengan, se les facilita la comunicación con sus familiares, contando también con el equipo de mediación de cada una de las delegaciones provinciales y se estudia la posibilidad de un reagrupamiento familiar, en su caso.
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