El edificio de EEZA debía estar en manos de Defensa desde 2010

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez intentó sin éxito vender el edificio de la Estación Especial de Zonas Áridas (EEZA) en 2015, que estaba en manos de la Agencia Tributaria desde 2012, cuando en realidad no podía, puesto que pesaba sobre él una decisión de 2010 para cederlo al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), según ha confirmado Noticias de Almería. Debía haber sido entregado a este organismo de Defensa, a cambio de los terrenos que el Ministerio cedió como pago de la deuda histórica con Andalucía, y ahora el Gobierno ha decidido recuperar el acuerdo del Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero, para cederlo al INVIED..

El edificio, que está situado en la calle General Segura, es propiedad de la Administración General del Estado y en él se localizaba la sede de la Estación Experimental de Zonas Áridas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que actualmente se ubica en el campus de la Universidad de Almería, siendo propiedad del Estado.

El inmueble es propiedad de la Agencia Tributaria desde el año 2012. Con posterioridad y descartada la posibilidad de ampliación de sus dependencias, la AEAT solicitó la desadscripción y se intentó su enajenación mediante subasta celebrada el día 10 de noviembre de 2015, resultando desierta de licitadores.

Ante la ausencia de compradores, lo normal es que se hubiera abierto un periodo para la adjudicación directa del mismo de acuerdo al importe establecido en la convocatoria de la subasta, y en caso de que nadie decida adquirirlo el Estado procederá a publicar otra convocatoria de subasta a partir de un importe inferior al de esta ocasión, si bien ni se conoce que esto llegara a producirse, ni tampoco el Gobierno en su contestación ha detallado este extremo.

El inmueble se corresponde con una finca urbana de 853 metros cuadrados de suelo y 2.786 metros construidos, que linda en el norte con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el Paseo de Almería por el Este y en el oeste con la calle de Arapiles.

Tal y como se exponía en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en septiembre, el edificio está calificado según el plan general vigente como residencial-compatible con terciario, pero el nuevo plan general (a falta de su aprobación definitiva por la Junta de Andalucía) cambia esta calificación a dotacional público para servicios de interés público y social.

De acuerdo al texto difundido, la superficie edificable es de 3.323 metros cuadrados, mientras la calificación de eficiencia energética 41,5 B, según certificado de fecha 10 de noviembre de 2014.

El inmueble se encuentra libre de cargas. Según la resolución de la Delegación de Economía, el tipo de licitación por el que partía el edificio fue de 2.601.909 euros, mientras que el importe de la garantía era del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 130.095,45 euros.

Pues bien, con anterioridad a este intento frustrado de venta, resulta que el inmueble se tenía que haber puesto a disposición del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) para articular la compensación a favor de este Organismo prevista en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de octubre de 2010, que presidía el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que añadir que, en este momento, se está pendiente de formalizar la entrega del inmueble al INVIED mediante la suscripción de la correspondiente acta.

Se da la circunstancia de que esa decisión era una compensación como consecuencia del proceso de cancelación de la deuda histórica con Andalucía, de tal modo que el Estado ha satisfecho parte de esta deuda, de común acuerdo con la Junta de Andalucía, mediante la transmisión de diversos inmuebles y activos empresariales del Patrimonio del Estado a la Comunidad Autónoma andaluza. Muchos de esos bienes –casi todo solares sin valor real- eran propiedad del Ministerio de Defensa, por lo que en este caso, el Gobierno decidió entregar este edificio del CSIC a la INVIED para compensarle, pero por medio, en 2012, se lo acaba quedando la Agencia Tributaria, que intenta venderlo en 2015, cuando en realidad debía haber estado en manos del Ministerio de Defensa, y no de Hacienda.