La mentira del gobernante es una bofetada en la cara de todos. Pero del mismo modo que se ha conseguido extender y asentar una actitud de denuncia y actuación legal contra el infame maltrato a las mujeres, estamos fracasando a la hora de establecer mecanismos de respuesta social ante el continuo maltrato a la democracia que perpetra un gobierno que ha hecho de la mentira y el asalto a los contrapoderes democráticos los pilares de su también infame comportamiento. Aún no recuperados del estupor de ver y oír a una ministra confesando haber celebrado toda la parafernalia suprafeminista del 8M a pesar de conocer el riesgo sanitario que ello suponía para los asistentes, nos encontramos horas después con otro escándalo ministerial que rivaliza en la espiral de despropósitos que caracteriza la trayectoria del gabinete del Dr. Fraude.
La nota interna del Ministerio del Interior adelantada ayer por El Confidencial demuestra que el ministro Fernando Grande Marlaska cesó al coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos por no facilitarle información sobre la investigación judicial que la Benemérita, como policía judicial, estaba haciendo acerca del nivel de conocimiento del peligro real de la pandemia que manejaba el Gobierno mientras invitaba a la gente a manifestarse el 8-M. Es decir, que el ministro, que en otros tiempos más felices para él ejerció como juez ejemplar, ha destituido a un subordinado por incumplir el delito que le ordenaba cometer y por defender la independencia judicial. El coronel Pérez de los Cobos cumplió con su deber, tal como consigna la ley: si un asunto está judicializado, el cuerpo policial que esté llevando a cabo dicha investigación sólo puede reportar a la autoridad judicial, y a nadie más. Y esto lo sabe Marlaska como ministro y también como juez. ¿Actuó así el todavía ministro por iniciativa propia u obedecía órdenes superiores? Dejo a la consideración del lector la duda razonable, pero todo apunta a que Marlaska, que no es precisamente idiota, no hubiera cruzado las líneas que marcan el incumplimiento de la ley si no es porque un superior, es decir, el presidente del Gobierno del que forma parte, se lo ordena.
Y eso, además de retratar la catadura moral del Gobierno que venía a salvar la democracia y a devolver la dignidad a la función pública, etcétera, ha hecho de la falsedad permanente el pilotaje de un entramado indigno y lesivo para nuestra calidad democrática. Han mentido sobre su información acerca del virus. Han mentido sobre el número de víctimas. Han mentido sobre el proceso de adquisición de material sanitario. Han mentido sobre los test del virus. Han mentido sobre la necesidad de usar mascarilla. No han dicho ni una verdad en todo este tiempo. Y contagiado de los usos y recursos del presidente Sánchez, Marlaska también mintió sobre este cese en el Consejo de Ministros, en el Congreso y en el Senado. Tres mentiras. Tres agresiones a la democracia que no pueden quedar impunes.
Y del mismo modo que callar ante la agresión a una mujer es asumir una cuota de complicidad con el delincuente, la sociedad española debe aprovechar todos los canales de la democracia para señalar, denunciar y exigir respuestas judiciales contra esta banda de maltratadores de la democracia, por mucho que siempre haya quien jalee la gracia y el salero del tío que llega borracho a casa y sacude a su mujer.
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