Que la situación económica puede complicarse de forma abrupta y sin previo aviso es más que probable en términos generales. Para las personas físicas y los autónomos existe una legislación que les permite hacer frente a sus deudas, incluso desde el momento en el que saben que se encuentran sin posibilidades para poder asumirlas.
Se denomina, coloquialmente, la Ley de la Segunda Oportunidad en España, y es una legislación que se originó tras los envites de la crisis económica de 2008, cuando muchas familias perdieron todo lo que con mucho esfuerzo habían conseguido por incapacidades de pago.
En la actualidad, la Ley de Segunda Oportunidad ha permitido, tanto a autónomos como a particulares, poder asumir los pagos de sus deudas, poder tener una reducción de la misma (70% en algunos casos) y hasta extender las fechas de pago entre 5 y 10 años, lo que permite tener un mayor margen de maniobra.
La Ley de Segunda Oportunidad, en detalle
La ley que funciona como mecanismo de segunda oportunidad, para la reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, conocida como la Ley de Segunda Oportunidad, fue establecida para permitir a las personas el hecho de poder tener una segunda oportunidad para pagar sus deudas y no perder, por ejemplo, la vivienda de la familia en una hipoteca, o sus bienes, producto de una incapacidad de pago como autónomo.
Para establecer equivalencias, la segunda oportunidad es el equivalente al concurso de acreedores que realizan las empresas, y tiene la misma finalidad de proporcionar una vía legal que proteja al deudor pero que garantice el cumplimiento de sus responsabilidades de pago.
En sí, esta ley establece un mecanismo sencillo, denominado según las fases de la Ley de la Segunda Oportunidad, que serán entre 3 y 6, dependiendo de si se logra un acuerdo extrajudicial con los acreedores -que es lo más sensato y cómodo para las partes- o un acuerdo por la vía judicial -que es el procedimiento más largo y trabado para ambas partes-.
El proceso, mejor cuando se está asesorado por profesionales
Cualquier persona física que no haya tenido deudas mayores a 5 millones de euros, que tenga un historial limpio y que no haya solicitado la Ley de Segunda Oportunidad en los últimos 5 años puede acogerse a este beneficio legal. Puede hacerlo con cualquier tipo de deuda y su solicitud ante el notario le permite blindar sus bienes y esfuerzos de cualquier intento de ejecución por parte de los acreedores, que podrían tener resultados devastadores, como el caso de una ejecución hipotecaria.
Esta ley, como es lógico, habla sobre la voluntad de pago existente pero con incapacidad de pago para hacer frente a las deudas, por lo que después de la activación del mecanismo legal es necesario llegar a un acuerdo con los acreedores, lógicamente, es la parte más difícil.
Por eso es indispensable que el proceso nunca se realice en solitario, de hecho, los costes de la Ley de la Segunda Oportunidad para los interesados suelen rondar como máximo los 3.000 euros, algo muy bajo en comparación con las deudas que pueden estar presentes o por el valor simbólico de lo que se podría perder en caso de una ejecución de deuda, de modo que siempre convendrá acudir a profesionales del sector.
Asesorarse con verdaderos especialistas
Conseguir un acuerdo con los acreedores es muy importante para muchas personas. Tener mayores ventajas en cuanto a tiempo y hasta de importes totales -producto de la posible reducción de deuda mediante acuerdos extrajudiciales- permitirá que la vida de las personas afectadas por la incapacidad de pago no se vean tan desfavorecidas, y así puedan resolver sus problemas asociados.
Así, la contratación de un equipo de abogados como Remedia Tus Deudas, expertos en el asesoramiento para Ley de la Segunda Oportunidad y la defensa de sus clientes durante todo el proceso, es una de las decisiones más inteligentes que se pueden tomar al respecto.
Tener una segunda oportunidad es la mejor opción cuando se habla de deudas, bien sea por la vía judicial o con un acuerdo sin necesidad de llegar a los tribunales, si uno es autónomo o persona física, y se han tenido problemas financieros graves que impidan salir de las deudas, lo mejor es ampararse en esta ley y, más aún, solicitar el apoyo de estos expertos que ayuden para acortar el camino y se hagan cargo de las tareas más complejas del proceso.