Pagar por ser prostituida

Cuando se produjo la llamada Operación Cacique en 2018, y la Policía Nacional liberó a 22 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente en el club de alterne Miguel (Vicar), un grupo de ellas salió días después a decir que de ninguna manera se las podía considerar esclavas sexuales, que eran "trabajadoras del sexo", que habian preferido hacerlo así a estar en la calle, y que de "liberación", nada de nada.

Pues bien, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la que ha tenido acceso Noticias de Almería recoge las condiciones "laborales" de estas mujeres, y que se resumen del siguiente modo, según lo expresa una de las victimas, pero que como quedó demostrado, eran las mismas para todas:

La TP 1/19 contactó con el acusado Miguel P., quien le ofreció trabajo en el Club como camarera, sin darle detalles sobre las condiciones laborales; aceptando la testigo el trabajo dada su difícil situación económica y careciendo de documentación legal en España. Una vez en el local, Miguel le dijo que su trabajo iba a consistir en mantener relaciones sexuales con los clientes del local; que tendría que pagar la cantidad de 10 euros diarios por la cama donde iba a dormir y a trabajar, debía abonar 5 euros semanales por productos de limpieza, 1 euro diario por luz y agua, indicándole
el horario y precios a cobrar a los clientes ( 10 euros a los marroquíes y africanos, 20 euros a los españoles y rumanos ). Además todos los sábados tenia que abonarle 60 euros. Dicha testigo no tenía otro medio de vida, ni otro sitio donde ir, estaba indocumentada, no podía elegir al cliente y si se negaba a realizar algún servicio con un cliente, Miguel le imponía multas, debía trabajar aún encontrándose enferma o con la menstruación. El acusado Miguel P. le decía que si el cliente se quejaba porque no se dejaba besar o no hacia lo que el quería, le tenía que devolver el dinero pagado.
Tenía que cumplir con un largo horario desde las 19.00 horas hasta las 3 o 4 de la madrugada entre semana, y los sábados desde las 19.00 horas hasta las 7 de la 3 mañana.
La habitación en la que se alojaba y ejercía la prostitución era de reducidas dimensiones, ubicándose en su interior un total de 4 colchones colocados sobre bloques de hormigón, uno para cada chica, quedando separado cada colchón del siguiente por medio de telas a modo de cortinas. En el lugar había chinches, pulgas e incluso ratones, no tenia agua caliente, carecía de las mínimas condiciones de higiene y salubridad.

Las multas eran de 50 euros, y los trabajos sexuales no debían pasar de 10 minutos para poder rentabilizarlas, y por supuesto, descansaban en ese mismo sitio el resto del día.Las otras tres testigos reconocieron ante el tribunal que debían realizar, pero que no tenían más opciones debido a su situación económica, pero que las condiciones "contractuales" eran las mismas.

La tareas de los condenado eran la siguientes:

El titular del local y quien lo regentaba era el acusado Miguel P., quien imponía a las testigos protegidas las condiciones de trabajo por él establecidas.
Victoria N., esposa de Miguel, sabedora de esas condiciones de trabajo, se encargaba semanalmente- los sábados- de recoger el dinero que debían pagar las chicas, y en alguna ocasión les daba instrucciones sobre la forma de vestir.
Fernando C., era el encargado del local cuando se ausentaba Miguel P., vigilando que las chicas hicieran lo que se les había dicho, al tiempo que desarrollaba las funciones de camarero. Con ellos colaboraba en funciones de control, como portero o vigilante, el también acusado Joao M., que era el que poseía las llaves de todas las habitaciones de las chicas y del local.

Así, el primero ha sido condenado a cinco años de prisión, Fernando C. a cuatro años y medio, Joao M a dos años y medio, los mismos que a la mujer. Las víctimas que testificaron tendrán que ser indemnizadas con 10.000 euros en total.