El hermano de Góngora le exculpa aunque reconoce que "no nos hablamos"

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha sido el segundo en declarar este viernes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería en el proceso que se sigue contra él, su hermano, el padre de ambos, y otras dos personas, por delitos fiscales y blanqueo de capitales, y del que le acusa la Fiscalía y el Partido de Almería (PAL) que fundara su antecesor, Juan Enciso, y al que se negó a seguir cuando se excindió del Partido Popular.

Francisco Góngora está acusado de "causar" presuntamente "un perjuicio económico" a la Hacienda Pública "alterando" la base imponible del impuesto de sociedad que gravaba la operación de compraventa en 2004 de una finca por una sociedad que constituyó con su padre, su hermano y un tercer socio. Se enfrenta junto a ellos a una petición fiscal de cuatro años de prisión y multa de 1,2 millones de euros por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Antes del comienzo del interrogatorio de los acusados, el tribunal ha resuelto desestimar la expulsión del PAL, del procedimiento tal y como planteó en las cuestiones previas el abogado de Góngora, y lo mantiene como acusación popular. Cabe recordar que Enciso está siendo juzgado en estas mismas fechas por la mayor trama de corrupción en la provincía de Almería en la Operación Poniente.

El hemano del alcalde ha sido el hermano del alcalde, con quien nunca tuvo una buena relación, y en la actualidad "no nos dirigimos la palabra".

Éste era precisamente el administrador único de la empresa familiar que está en el centro de la investigación judicial, Agrícola Euro Alpujarra SL., y pese a lo anterior, ha asegurado que si Francisco entró en la mercantil fue porque tenía confianza en él y "por eso estaba despreocupado del asunto". Reinteró que el ahora alcalde "nunca intervino" y que de hecho hasta el dinero de éste para entrar en la empresa lo puso el padre de ambos.

Sobre la compra del terreno ha recordado que los vendedores "conocían" cuál era la calificación del suelo "previamente aprobada" por lo que se corrobora lo dicho por el propio alcalde desde el inicio, por lo que no se produjo recalificación alguna, ya que se había establecido hacerla y estaba a información pública previa a la aprobación definitiva.

Ha trasladado ante el tribunal de la que "no hubo ninguna junta general" aunque "comentaba por teléfono la información" y que las cuestiones fiscales de la sociedad las hacía él.

En el caso concreto de Francisco Góngora, además de las cuestiones técnicas, ha hecho referencias a las políticas. Así, ha dicho que "Imagínense la situación de impotencia cuando te acusan de cosas que no has cometido, que no has cometido ninguna irregularidad; vamos ya por diez años de idas y venidas con recursos, y es verdad que estamos en un estado de derecho donde existe la presunción de inocencia, pero para mi de hecho no ha existido, por lo que solo espero que este calvario termine cuanto antes".

Góngora ha recordado que cuando dejó el equipo de Gobierno de Enciso en 2005, éste le dijo en su despacho "quien se aparte de aquí, se tiene que ir de El Ejido", por lo que ha enmarcado su denuncia en una "venganza", ya que "Esa ha sido la forma de actuar desde entonces porque la denuncia llegó semanas antes de ser designado candidato por mi partido en 2011 y después de que, como supe más tarde, hubiesen puesto un funcionario en el ayuntamiento a investigarme a mi y a mi familia", ha apuntillado para añadir que en instrucción "quedó tremendamente claro" que no hubo pelotazo urbanístico aunque "sembraron la sombra de la duda".

El actual alcalde, que se ha mostrado indignado en ocasiones durante su declaración, por lo que ha pedido disculpas al tribunal, al que ha intentado rectificar en varias ocasiones.

A preguntas del fiscal, ha afirmado que la idea de crear la empresa fue de su hermano, que ésta no tenía actividad, y que si bien sabía de la compra de la finca, desconocía el modo en que se iba a realizar.

"Cuando se hace no se me participa", ha afirmado para precisar que tampoco se le "informaba de cuándo se iban a girar cuotas del préstamo" o que "nunca se le ha convocado ni informado de las juntas generales" o ha participado "en las cuentas generales o en su aprobación".

Con respecto a la venta posterior de esa finca a la mercantil Murgi Edificaciones SL en 2004, ha dicho que "sí es verdad que se le trasladó la intención" de vender, que "le pareció bien", que no supo "precio" y que dio su "parecer" con respecto a los dos locales comerciales que se incluían en la operación por parte de Murgi Edificaciones SL "diciendo que hubiera preferido un piso".

"No se me hizo ningún caso y ya no sé más pormenores, no sé si recibí alguna cantidad para devolver a mi padre o fue esa cantidad directamente a su cuenta", ha trasladado Góngora, quien ha remarcado que nunca estuvo "en esos pormenores de la sociedad", ni se "interesó", ni se le "comunicaron" porque "los llevaba el administrador único".

Con anterioridad, ha afirmado que si aportó "algo" en la constitución de la sociedad --el fiscal indica que 6.000 euros-- "fueron cantidades muy pequeñas" ya que "en el año 2000 vivía todavía con mis padres, me case en 2002, y no tenía una situación de desahogo para aportar cantidades significativas".

Durante el interrogatorio del Ministerio Público y de la Abogacía del Estado, que no acusa al actual regidor ejidense, se han vivido momentos de cierta tirantez, en especial, cuando el fiscal le ha interpelado por la "calificación urbanística del suelo".

En ese intercambio, en el Góngora le ha dicho al fiscal que "se estaba perdiendo" o que estaba "muy confundido y muy equivocado" o ha sido requerido por su abogado para que no contestase, ha remarcado que en 1998 "ya había un documento de avance" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que calificaba la finca como "urbanizable para actividades económicas" y que este se hizo público "en edictos, en las principales cabeceras de medios de comunicación, en paneles informativos que se montaron en el patio de luces y con cientos de ejemplares que se publicaron".

"Dos años antes de la compra de la finca y hasta que ese PGOU se aprueba en 2002, se movió un viario y la finca salió perjudicada", ha enfatizado. Sobre la operación de compraventa en 2004 de esa finca, ha dicho que tuvo "entendido en su momento" que era un permuta "pero no puedo precisar más, porque al final, era pagar la hipoteca sobre la finca y quedaban dos locales de beneficio".

A preguntas de la Abogacía del Estado, ha subrayado que "siempre ha estado en su declaración pública de bienes, que nunca se ha ocultado", ha negado que como sostiene el PAL, que ejerce la acusación popular y a la que no ha contestado, los locales "estén alquilados ya que continúan en basto" y ha dicho que no se opuso a las operaciones realizadas por la sociedad familiar "porque no tenía conocimiento de ellas".

"Siempre he tenido presente que el beneficio de esa operación son los locales ya que aunque se hable mucho de pelotazos, al final ha ido a la quiebra porque al final no se construyó y los locales eran una expectativa pero ahora ni por un tercio interesarían a nadie", ha señalado para concluir que su interés "siempre ha sido el de aclararlo todo con luz y taquígrafos".