Los trabajadores de 200.000 empresas andaluzas no tienen derecho a ningún representante

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado la apertura de “nuevas vías de negociación” y la creación de comités sectoriales provinciales para así permitir, entre otras cosas, que los trabajadores de las 200.000 empresas con entre uno y cinco trabajadores asalariados que hay en la comunidad puedan tener sus representantes sindicales, algo que ahora mismo no ocurre.

Con motivo del Día Mundial de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), que se celebra este 27 de junio, la coordinadora del Área de Empresa Privada de CSIF, María del Mar Gómez de Mercado, reivindica que “hay que cambiar el ámbito de la negociación” y conseguir que los empleados de estas empresas disfruten de una representación de la que ahora mismo carecen.

En el caso de Andalucía, CSIF reclama que se elijan comités de ámbito sectorial y provincial para las empresas con menos de 50 personas en plantilla que no estén sujetas a convenio colectivo alguno. “Para eso “habría que modificar artículos del Estatuto de los Trabajadores”, avisa. El artículo 62 de esta norma establece que las empresas con entre 6 y 49 asalariados pueden tener de uno a tres delegados. Las formadas por entre seis y diez trabajadores ni siquiera tienen esa obligación y sólo eligen un delegado de personal si lo decide la plantilla por mayoría. Las que no llegan a seis empleados, sin embargo, “no participan en la elección de sus representantes y no tienen derecho a ninguno”, según Gómez de Mercado.

“Si se realizaran los cambios, las unidades electorales se adaptarían a los ámbitos de negociación y representación y se daría más voz a centenares de miles de trabajadores, ya que en todas las provincias se constituirían comités de empresa fuertes formados por quienes estén acogidos a un mismo convenio”, explica la coordinadora del sector en CSIF. “Así se fomentaría la negociación y la participación de los representantes de los trabajadores y se eliminarían los delegados de personal, cuyo cometido sindical es escaso en la mayoría de los casos”, añade.

Además, Gómez de Mercado reivindica que “debe ampliarse el espectro de la representatividad” para participar en la concertación social, ahora restringida a los sindicatos históricos en virtud de la “obsoleta” Ley de Libertad Sindical de 1985, que es “la única ley no reformada desde el inicio de la democracia”. CSIF propone modificar el artículo 6.2.a), que atribuye la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal a los que acrediten tener “el 10% o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones”, porcentaje que en las comunidades autónomas sube al 15%.

La responsable de CSIF lamenta que la negociación colectiva “se ejerce de forma poco transparente en un momento en el que la sociedad demanda mayor transparencia en el ejercicio de la actividad sindical” y defiende que el requisito de representatividad baje al 5%, “como ocurre en las elecciones políticas”. Así espera que quede plasmado en la futura Ley de Participación Institucional, cuya tramitación fue acordada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a principios de 2020. Gómez de Mercado confía en que esa norma aclare “cuáles serán los actores de la concertación social y el papel de cada uno, así como sus derechos y obligaciones”, lo cual “permitirá adaptar el diálogo social a la realidad actual, diversa y heterogénea, porque no puede ser que miles de trabajadores no estén representados”.

“De esta forma se favorecería la pluralidad sindical y se evitaría el monopolio de los llamados sindicatos de clase en todos los foros. Entendemos que esta reforma sería entendida por todos los trabajadores como un ejercicio de potenciación de la democracia sindical y un avance en la participación de otros sindicatos profesionales e independientes”, alega la coordinadora del área de Empresa Privada, que también pide que se actualice el listado de delegados porque “existen 80.000 que se corresponden con empresas fantasma”.