El centenar de niños almerienses que no cuentan para Vox

El pasado verano era aprobada en el Parlamento de Andalucía la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, votando contra ella Vox, la parlamentaria no adscrita que formó parte de esa formación tras lograr escaño por Almería, y absteniéndose los demás no adscritos, entre ellos otro almeriense. De no haber salido adelante la norma, más de un centenar de niños almerienses se habrían visto negativamente afectados.

La realidad no tiene nada que ver con los bulos expandidos por esta formación sobre la Ley, como el publicado por el almeriense Rodrigo Alonso en Twitter sobre que “El PP y el PSOE dejan a los jovenes andaluces abandonados a su suerte. Su prioridad son los de fuera.” cuando ésta no hace distinción entre unos y otros, sencillamente se refiere a los menores y jóvenes acogidos por la Junta de Andalucía, sean cuales sean sus circunstancias; o el de su líder Santiago Abascal en la misma red social de que esta norma garantizaba “pagas a los menas hasta los 25 años”.

De hecho, esta Ley a 30 de septiembre, alcanzaba a 348 menores acogidos en centros de protección almerienses, de los que 243 menores (184 niños y 59 niñas) son extranjeros. Es decir, que ese más de medio centenar de menores no extranjeros se habrían visto perjudicados si la Ley, como reclamaba Vox, no se hubiese aprobado.

Si bien en Almería los menores andaluces acogidos son el 30%, en el conjunto de Andalucía la media cambia, y se reparten al 50% entre unos y otros, siendo el total 2.362, de los que 1.182 (1018 niños y 164 niñas) son de fuera.

De hecho, el número de menores tutelados en Andalucía ha bajado drásticamente desde que gobiernan el PP y Ciudadanos, ya que frente a los datos que hemos dado a mes de septiembre, en Andalucía el número de menores tutelados era de 6.272 en total, según el último “Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia”, publicado en diciembre de 2020 por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y relativo al año 2019. De ellos, 1.568 eran extranjeros, y ahora no llegan a 1.200.

En total, de los 4.282 menores que abandonaron los centros de menores de Andalucía en 2019, 1.172 lo hicieron tras alcanzar la mayoría de edad.

Es más, se da la circunstancia de que una de las razones por las que Vox se opuso a esta Ley es porque ellos pedían impulsar el acogimiento familiar, y eso es precisamente lo que ha hecho la norma, según explicaba la pasada semana en comisión parlamentaria la consejera de Asuntos Sociales, Rocío Ruiz, a la portavoz de la oposición Ángeles Mula. Ahora está habiendo más acogimientos familiares, y entre ellos destacan los de menores extranjeros por parte de familias andaluzas durante los fines de semana.

La propia Mula dio un dato en esa comisión informativa que desmontaba otro de los argumentos de Vox, y es que ciertas entidades hacen “negocio” con el acogimiento de menores, lo que esta formación suele calificar despectivamente como “chiringuitos”. Pues bien, la parlamentaria dijo que cada plaza en un centro público sale por 9.813 euros, en tanto que en uno concertado la administración solo abona 2.035 euros.

Por otro lado, hay que destacar que de los alrededor de 200 establecimientos que hay en Andalucía para los acogimientos de menores, tanto andaluces como extranjeros, solo 20 son públicos, por lo que si los gestionaran dichas entidades habría un considerable ahorro para las arcas públicas.

Por otro lado, e insistiendo que la Ley no hace distingos entre la nacionalidad, la religión, o la raza de los menores acogidos, tampoco “garantiza una paga a los menas hasta 25 años”. El artículo 132 recoge que tendrán ciertas preferencias en ayudas para poder independizarse, pero a todos los que hayan estado tutelados por la Junta, no solo a los extranjeros, también a ese centenar largo de menores almerienses.

Además, tampoco es una paga, no es un dinero que se les entregue, solo se recoge que tendrán preferencia para ayudarles a salir de la tutela de la Junta y teniendo en cuenta que no tienen más familia –por eso están acogidos- en la que apoyarse.

Impulso al acogimiento familiar

Con la aprobación de la Ley, Rocío Ruiz aseguraba que "Debemos ser conscientes de que en las primeras etapas de la vida pueden acumularse desigualdades sociales que repercuten en la edad madura y la vejez", ha enfatizado en este sentido la responsable de Igualdad, destacando que la norma impulsa la planificación de políticas públicas orientadas a su desarrollo integral y a la lucha contra la pobreza infantil, una realidad que afecta a más de 360.000 menores en la comunidad andaluza. Así, se ha incluido un ingreso por la infancia y la inclusión para romper la cadena de pobreza estructural y favorecer que las personas menores crezcan en mejores entornos.

El valor de la infancia, la intergeneracionalidad y la perspectiva intercultural son otros principios rectores que impregnan la norma, que fortalece el reconocimiento de la familia como institución fundamental donde los niños y niñas deben crecer y desarrollarse plenamente.

En este sentido, Ruiz ha destacado la firme apuesta por la prevención y la detección precoz en el crecimiento de los menores y, en caso alternativo, por el acogimiento familiar con apoyo económico, jurídico y social. Todo ello con el objetivo, ha resaltado, de "evitar por todos los medios de que los niños y niñas entren en el sistema de protección". Para este fin, se fomentará la parentalidad positiva y el buen trato a las personas menores, al tiempo que se regulan los criterios de actuación en caso de situación de riesgo, desamparo o guarda. Y se impulsa también la adopción de forma prioritaria para los menores de 7 años, priorizando así el interés superior del menor y su crecimiento en un entorno familiar.

Participación activa

Entre las novedades del texto legal, la consejera ha destacado la regulación del derecho de los y las menores a ser oídos mediante la creación de un nuevo órgano de participación, el Consejo Andaluz de Niños, Niñas y Adolescentes, que permitirá a las personas menores asumir un rol más activo y participativo en las cuestiones que les afecten y en la construcción de la sociedad. Y se establece un sistema de información e indicadores que permitan ir conociendo las necesidades presentes de la infancia y predecir las que puedan surgir en el futuro, así como reforzar las fortalezas de las políticas puestas en marcha.

Asimismo, la ley velará por el crecimiento cultural, deportivo e intelectual de todas las personas menores que se encuentren en Andalucía, favoreciendo centros educativos seguros y confortables, y reitera la necesidad de la colaboración y la coordinación entre administraciones "porque no solo permite optimizar recursos sino también trabajar con las familias, lo que repercute en las personas menores".

La nueva norma presta atención también a los menores extranjeros no acompañados, que al quedar bajo tutela de la Junta de Andalucía tienen derecho a todos los servicios y prestaciones de la comunidad, y a los jóvenes ex tutelados. En este sentido, se continúa trabajando con ellos a través de programas de preparación a la vida independiente con itinerarios personalizados de inserción social y laboral.

Consenso político

En materia de infracciones y sanciones, la nueva norma incluye un régimen más completo y exhaustivo, con multas de hasta 30.000 euros para casos, por ejemplo, de publicidad y promoción de hábitos no saludables o peligrosos para la salud física o mental de los menores, la no matriculación en la educación obligatoria o impedir que asistan regularmente a clase.

La consejera ha elogiado la "altura política" del resto de formaciones parlamentarias para sacar adelante un nuevo marco normativo acorde a las actuales circunstancias sociales y enriquecer un documento que ya incorporaba aportaciones consensuadas con una veintena de entidades y organismos especializados en infancia, "sin cuya inspiración esta norma no hubiera sido posible. "Quiero destacar mi admiración por la altura moral y política de este Parlamento, este lugar sagrado al que hoy estoy más orgullosa que nunca de pertenecer por este legado que dejamos a la sociedad", ha señalado Ruiz.