La secretaria general del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Soledad Pérez, ha advertido del abandono de Moreno Bonilla a más de 5.000 familias en situación de pobreza que podrían haber recibido parte de los 20 millones de euros que ha dejado sin gastar de la renta mínima andaluza, una ayuda para la que hay listas de espera de acceso que pueden llegar hasta los dos años.
Se la circunstancia de que las cifras reales apunta en otro sentido, ya que el presupuesto del Gobierno de PP-Cs y al que se han opuesto los socialistas, preveía en el programa 31G de Acción Comunitaria e Inserción 214 millones de euros para entre otros, garantizar prestaciones como la Renta Mínima de Inserción y seguir protegiendo a las personas que no son atendidas con el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central.
Por otro lado, la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía en el ejercicio 2020, arrojaba 79.640 personas beneficiarias, es decir, un 23,8% más que el año anterior cuando el número final fue de 60.684; y un presupuesto ejecutado de más 135.747.971,43 euros, lo que supone un incremento del gasto del 26% respecto a lo ejecutado en 2019, 107.673.708,46 euros. Unos números de estos dos años de legislatura que contrastan con los datos de 2018 cuando el anterior Gobierno dejó la inversión en 57 millones de euros y 40.979 personas beneficiarias.
Es decir, 214 millones presupuestados para 2022 por Cs y PP son insuficientes según el PSOE, que anunció 57 millones para 2018. La secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista avisa que “El gobierno de la derecha recorta derechos a familias vulnerables, a las que priva de la prestación económica y de los itinerarios para la inserción laboral a los que podrían tener derecho”
Pérez ha contrapuesto esta falta de ejecución de Moreno Bonilla, quien ha dejado el 15% de la partida de esta prestación sin emplear, a la actuación que está llevando a cabo el Gobierno de España, que ha dado ya respuesta a más de 250.000 personas con necesidades a través del ingreso mínimo vital. “El gobierno de Moreno Bonilla ha tirado la toalla y pretende eliminar en 2022 la renta mínima de inclusión social, una prestación creada por el gobierno socialista en 2018 y que está contemplada como un derecho para las familias más vulnerables”, ha subrayado.
El Gobierno de Moreno Bonilla tiene incluida la RMIS en los presupuestos autonómicos, tal como detalló en su momento la consejera Rocío Ruiz, y además, no podría quitarla porque está integrada en el Estatuto de Autonomía y requeriría una reforma del mismo.
En este sentido, la responsable socialista ha explicado que la existencia de estas dos prestaciones está motivando que Moreno Bonilla “deje de invertir en Andalucía y deje la respuesta únicamente en manos del Gobierno central”.
“Mientras que se empeora la situación económica de las familias, el gobierno andaluz sigue sin hacer compatible esta prestación con el ingreso mínimo vital y está procediendo revisar todos los expedientes resueltos de forma provisional, condenando a las familias a una maraña administrativa que en la mayoría de los casos termina en rechazo e, incluso, en devolución de las cantidades percibidas con anterioridad”, ha lamentado, si bien eso contrasta con el hecho de que ambas leyes, la estatal y la autonómica, contemplan la compatibilidad si se dan los supuestos, y por tanto no es una decisión discrecional o administrativa.
Agenda
Si (
No(