En abril de 2014, en Noticias de Almería, desvelábamos un informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre los “castigos” que el personal del Centro de Internamiento de Menores Tierras de Oria, aplicaba, y que distaban mucho de ser razonables.
Quizá si Ginso, la entidad a la que la Junta de Andalucía le tenía encomendado este centro, y la propia administración se hubiesen tomado en serio aquello, no se hubiese producido la muerte de Iliass Tahiri el uno de julio de 2019.
No ha sido hasta esta semana cuando se ha podido conocer otro informe, ahora en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y que está contenido en el informe anual correspondiente al año 2020, elaborado por la institución, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y en cumplimiento del artículo 23 del Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 2002.
El documento revisado por este medio, detalla que “En relación con la aplicación de medidas coercitivas, que merece una consideración especial por su capital importancia, sobre todo, en la aplicación a los jóvenes internos y en particular en la aplicación de estas sujeciones mecánicas, el 1 de julio de 2019, falleció en el Centro de Internamiento Tierras de Oria de Almería, Iliass Tahiri, en el transcurso de una contención mecánica”.
De este asunto también dio explicaciones en una entrevista, Estanislao Naranjo Infante, abogado de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y acusación popular en el caso.
Sobre este fallecimiento, el Defensor del Pueblo inició una actuación de oficio ante la Fiscalía General del Estado y la Junta de Andalucía, y así, en 2020, esta institución formuló una recomendación para abolir las sujeciones mecánicas en todos los centros de internamiento de menores infractores de todo el territorio nacional. En este sentido, se pidió al Ministerio de Justicia que derogase el apartado del Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en el que se regulan las sujeciones mecánicas para acabar con estas prácticas como medio de contención.
En 2020 volvió a realizar una visita puntual al centro Tierras de Oria, que tuvo como objetivo principal el examen pormenorizado de las condiciones en las que se aplican las sujeciones mecánicas. Visualizando imágenes de varias sujeciones y realizando varias entrevistas, que han dado lugar a varias sugerencias que han sido aceptadas en su totalidad por la Administración, se llegó a las siguientes conclusiones: “los responsables del centro no visualizaban las grabaciones; los menores no se encontraban alterados ni violentos en el momento previo a la aplicación de la sujeción mecánica; los vigilantes tapaban la cara y el cuello a un menor con aparente fuerza, parece que la sujeción mecánica se emplea como un castigo; la intervención médica tarda más de veinte minutos en producirse cuando se aplica la sujeción; se aplican estas sujeciones a menores con trastorno mental grave; se viene realizando una práctica consistente en mantener sentado, al menos en una silla con los brazos engrilletados por detrás, sin quedar registrado ningún documento, y por último, se ha instalado una cama en la zona de comunicaciones familiares para realizar las sujeciones mecánicas”.
En aquella visita también estuvieron los parlamentarios andaluces de Adelante Andalucía, Diego Crespo y Maribel Mora, quienes ya avanzaron algo de lo que habían visto y sus recomendaciones.
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