Los exconsejeros en sucesivos gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Recio y Martín Soler, vuelven a estar en el ojo del huracán judicial, ya que en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde se investiga el llamado «fondo de reptiles» de la trama de corrupción política de los ERE, el juez José Ignacio Vilaplana ha rechazado en un auto la impugnación presentada por éstos y por Antonio Fernández y Antonio Ávila, que no querían ser investigados por conceder 61 ayudas irregulares a la fábrica de componentes del automóvil Delphi de Puerto Real, en Cádiz.
Los exconsejeros habían esgrimido que la Audiencia de Sevilla ya la había archivado provisionalmente y que la resolución recurrida no estaba suficientemente motivada. Vilaplana razona que ésta es una investigación diferente sobre un nuevo sistema irregular de ayudas.
Esta información publicada por ABC-Andalucía, detalla que el magistrado ha rechazado sus recursos de reforma y los mantiene como investigados en esta causa que indaga una «presunta mecánica delictiva» distinta al sistema fraudulento de los ERE.
Al parecer, según lo publicado, cuando llevaba una década funcionando la primera trama, se organizó otra nueva con el mismo sistema de ayudas opacas, y esa es la que afectaría a los exconsejeros almerienses.
«Se trata de hechos delictivos distintos y diferenciados de aquellos por los que se acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones por la Audiencia Provincial de Sevilla». Mediante cuatro autos dictados el pasado 9 de junio, a los que ha accedido ABC, el juez defiende la necesidad de llevar a cabo una investigación para esclarecer hechos que nada tienen que ver con el caso ERE. Para empezar el dinero no salió del programa 31L, el llamado «fondo de reptiles», sino que las nuevas ayudas irregulares fueron «comprometidas y abonadas con cargo a créditos y fondos presupuestarios de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa (CICE) de la Junta de Andalucía».
Dicha consejería, dirigida, primero, por Soler y, después, por Antonio Ávila, se había puesto de acuerdo con responsables de la Consejería de Empleo –gestionada por Fernández y Recio– para instaurar este atajo con el que canalizar nuevas ayudas a Delphi. En este sistema entraba en escena un tercer actor, la Agencia IDEA, a la que «serían imputadas contablemente» las subvenciones. De este modo, se evitaba que fueran fiscalizadas previamente por la Intervención delegada de la Consejería de Empleo, como era preceptivo, para conocer que el destino del dinero público.
El periódico recuerda que el 19 de marzo de 2010 se repartieron 57 ayudas por importe de 30.000 euros a través del director general de Trabajo, Juan Márquez. El 27 de octubre de ese año, su sucesor en dicho departamento de la Consejería de Empleo, Daniel Alberto Rivera, le otorgó cuatro ayudas más por la misma cuantía. En total, 1,83 millones de euros más enterrados en una multinacional cerrada en febrero de 2007 y que constituyó un profundo pozo de dinero público por los compromisos electorales contraídos por distintos gobiernos socialistas con los exempleados de Delphi.
Sólo en ayudas públicas del fondo de los ERE -detalla ese medio-, la planta automovilística acaparó 126 millones de euros. Con posterioridad, la Junta ideó un plan de formación para recolocarlos, pero la mayoría no encontraron un empleo. Las dos vías de financiación han dado pie a dos causas, a la que se suma ahora unas terceras diligencias previas, pese al afán de los consejeros por que le diera carpetazo.
Para el magistrado, no hay duda de que el acuerdo entre ambas consejerías era «manifiestamente irregular» porque un organismo ajeno a la consejería que abonaba las subvenciones, la Dirección General de Trabajo, «no podría conceder ayudas ni emitir órdenes de pago con cargo a partidas presupuestarias que no le corresponden». Y menos podía hacerlo sin que mediara «un convenio 'ad hoc' que a tal efecto le habilitase a ello».
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