Está claro que Isabel Díaz Ayuso es demasiado joven y no recuerda aquel anuncio que emitía la televisión en los años setenta del pasado siglo animando a los españoles a reducir el consumo eléctrico, y cuyo mensaje era “usted puede pagarlo, pero España no puede”. Recuerdo también a mis padres -como todos los padres según comentábamos entre los chavales- obsesionados apagando luces allá por donde pasábamos, o regañándonos por tener demasiado tiempo puesta la música, o indicándonos que si íbamos a leer en la cama encendiésemos la luz de la mesita “que gasta menos”.
Pero a la españolísima presidenta de la Comunidad de Madrid le da exactamente igual que España no pueda pagar la factura energética, porque ella sí puede, como los sectores del comercio y la hostelería, esos mismos que dos días antes andaban quejándose de que abonarla era la ruina. Ahora pagarán menos porque tendrán menos consumo... sí, pero probablemente menos clientes, de lo que se deduce que el foco no ilumina la solución sino el parche.
Creo que el presidente Pedro Sánchez podía haberse ahorrado el decreto y dejar las cosas como estaban, y que quien pueda pagar la luz que la pague, y quien no, que apague para siempre.
En realidad, Sánchez debía haber hecho lo que el propio Alberto Núñez Feijóo aconsejó en su Galicia presidencial, y no es otra cosa que aconsejar. Efectivamente, la mejor manera de reducir el consumo de un bien o servicio es aumentar su precio, como incluso los no economistas sabemos, pero cuando eso ya no se puede hacer, la opción que queda es la del anuncio y se llama concienciación social.
La concienciación de Sánchez se ha circunscrito a quitarse la corbata.
El problema del decreto energético es que, como muchas otras medidas de este Gobierno, es una pura improvisación para salir del paso, y por tanto, sin rigor.
Además, imponer algo sin una pedagogía previa -y eso no se puede limitar a dos ruedas de prensa tras el consejo de ministros, ni a cuatro tertulianos de los que siempre defienden al Gobierno- es generar automáticamente reaccionarios. Y si la imposición que se hace es inconsistente, la cosa se agrava.
No solo eso, es que de nuevo choca con la supuesta cogobernanza de la que Sánchez siempre hace gala, con permanente olvido de que vivimos en Estado autonómico, competencialmente descentralizado, pero su afán por ser protagonista le lleva a tomar decisiones sin consensuar ni con su partido, ni con sus socios de gobierno, ni con sus aliados parlamentarios, y ni tan siquiera con las administraciones que deben ejecutarlas, cuyas competencias no duda en invadir de modo constante.
Por ejemplo, no tiene sentido determinar que el nivel del aire acondicionado sea de 27 grados, primero porque hay inspectores en España suficientes para controlarlo, y por tanto raya en lo imposible; lo segundo es porque 27 grados es calor, y el aparato en cuestión pierde su sentido existencial, y lo tercero es que con 27 grados en el termostato, la temperatura ambiente puede estar en los 30 grados o más.
Es posible que la solución a todo esto no sea que el gobierno de ejemplo, es verdad, porque si tiene menos luces la cosa aún puede ser peor.
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