Con la moción del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería para instar al Gobierno central a tomar medidas contra la okupación ilegal de viviendas se ha vuelto a poner sobre la mesa esta cuestión que, para el PSOE y el resto de la izquierda “no es un problema”.
No es la primera vez que este asunto llega al plenario municipal, porque ya lo hizo meses atrás de la mano de Ciudadanos, y también de Vox, y siempre ha contado con el rechazo del mismo sector, que insiste en afirmar, como recordó el socialista Antonio Ruano, que es un miedo sin base real, impulsado por “fondos buitre” y por entidades bancarias, así como por las empresas de seguridad, todo con el único propósito de hacer caja.
Todas no son iguales
No todas las ocupaciones ilegales de viviendas son iguales, porque no todos los delitos, aunque lo sean y produzcan el mismo resultado, son tratados igual por la ley. Que te quiten algo puede ser un hurto o un robo, depende de la cantidad, pero también del modo en se haga. No es lo mismo un accidente con resultado de muerte que un asesinato premeditado con alevosía. Por eso tampoco todas las ocupaciones ilegales son iguales, y los hechos vienen a demostrar que muchas de ellas no se producen como argumenta el concejal socialista Antonio Ruano, por falta de un techo, sino que se usan para cultivar marihuana y otras actividades ilegales. La pregunta es por qué el PSOE prefiere meterse en esta negación de lo evidente en vez de proponer medidas para que los propiestarios recuperen sus viviendas inmediatamente, y que quienes lo hacen por necesidad, tenga una respuesta adecuada desde los servicios sociales de las administraciones. ¿Prefieren el voto de quien no vota?
Cabe aclarar que las cifras corresponden al número de denuncias por ocupación ilegal, por lo que no se sabe nada de aquellas ocupaciones cuyos propietarios no han ido ni al juzgado ni a la policía, ya sea por miedo, por desconocimiento (suele pasar en inmuebles en zonas rurales, o con dueños mayores que están en residencias o acogidos por familiares, o son segundas residencias y se solventa aceptando el chantaje de los okupas, por ejemplo, pero también en las que son propiedades de bancos y tardan en percatarse de la situación), o por falta de recursos económicos para contar con representación legal para el proceso.
¿Pero es realmente un problema en Almería?
Los datos más actuales recabados por Noticias de Almería se corresponden a los primeros nueve meses de 2021, y son los que ofreció el propio Gobierno del PSOE y Unidas Podemos a una pregunta del Partido Popular en el Congreso, y se detalla que en Andalucía hubo 2.000 okupaciones de viviendas en ese periodo, de las que 249 lo fueron en nuestra provincia.
En esa línea se detalla que en Sevilla hubo 565; en Málaga 361, en Cádiz 318, en Córdoba 152; en Huelva 150; en Granada 139, y en Jaén.
Para comprobar si el problema que para algunos no existe, va a más o a menos, se pueden comparar esas 1.994 ocupaciones ilegales de los primeros nueve meses de 2021 con los 2.381 que había ocupadas en todo 2020, con las 2.353 de 2019 completo, y las 2.372 de 2018.
Pero hay que destacar que estas cifras son acumulativas al tratarse solo de denuncias, por lo que si se ha presentado una en 2019 y la vivienda sigue ocupada en 2020 y en 2021, no aparece tres veces sino solo una.
Y es que no parece haber mucha confianza en que llevar este asunto a los tribunales sirva para nada, es decir, que tener una escritura a tu nombre, los suministros a tu nombre, los impuestos a tu nombre, y tus documentos en el interior, para la judicatura es no es prueba suficiente de que la vivienda sea tuya.
De este modo, los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas resueltos a partir del tercer trimestre de 2018, según la información de estadística judicial del Ministerio de Justicia, y que se recoge el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de la provincia de Almería resolvieron 61 juicios en los tres primeros trimestres de 2021 frente a las 249 ocupaciones de ese mismo periodo; en Cádiz 116; en Córdoba 30; en Granada 83; en Huelva 32; en Jaén 20; en Málaga 107, y en Sevilla, 92.
En resumen, 541 juicios y casi 2.000 ocupaciones.
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