Los alcaldes del Partido Popular han pedido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) diferir la entrada en vigor de la Ley de Residuos para no estrangular más las cuentas municipales durante la Junta de Gobierno celebrada hoy en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona (Málaga) y en la que ha participado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.
Vázquez ha señalado que “los Ayuntamientos y Diputaciones estamos a favor de la protección medioambiental, pero la Ley de Residuos llega sin dar solución al problema económico que se genera para las Entidades Locales. Los cambios legislativos deben llevar aparejado un cambio de financiación para no perjudicar las ya maltrechas cuentas municipales y no suponer una carga realmente insostenible”, ha señalado.
Y es que, en el caso concreto de la Ley de Residuos, el PP estima que puede suponer un gasto adicional para los Gobiernos Locales del 1% de su presupuesto global. En este sentido, el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Estepona, José María García Urbano, considera que “el chicle presupuestario municipal no puede estirarse más” ya que los Ayuntamientos “estamos haciendo frente a un agujero económico consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la plusvalía municipal; el incremento de los precios de los suministros, especialmente la subida desmesurada de la factura de la luz; así como el alza del precio de los materiales que está provocando tener que revisar los precios de los contratos”.
“Cualquier nueva normativa, como la de Residuos, que venga a agravar esta situación -si no viene acompañada de financiación para los Gobiernos Locales- va a ser realmente inasumible”, advierte Garcia Urbano, quien denuncia que el Gobierno “sigue incumpliendo el compromiso de convocar la Comisión Nacional de Administración Local antes de final de año, en cuyo seno se deben debatir todos estos asuntos”.
Moratoria
El Grupo Popular en la FEMP reitera en la Junta de Gobierno la necesidad de una moratoria de la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ya que el Gobierno aún no ha publicado el Reglamento que desarrolla esta normativa y sin el que los ayuntamientos “difícilmente pueden redactar las ordenanzas municipales para su implantación”, explica Garcia Urbano, quien censura que el Gobierno de Sánchez haya “vetado en el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado todas las enmiendas de la FEMP al respecto”.
Unas enmiendas que son “unánimes, sin carga ideológica alguna y que representan al 100% de los españoles y, por ello, cuesta entender que no se incluyan en los Presupuestos dejando en la estacada a millones de españoles, especialmente a los más vulnerables que necesitan de la ayuda de sus Ayuntamientos para llegar a final de mes”.
Previamente, a la celebración de la Junta Directiva de la FEMP ha tenido lugar la jornada ‘El reto de la sostenibilidad y los Gobiernos Locales’ en la que alcaldes y alcaldesas de distintos ayuntamientos han expuesto las experiencias que están desarrollando en sus municipios para mejorar la cultura, sostenibilidad y calidad de vida de la ciudadanía.
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