Más de 50 entidades financieras han aceptado el acuerdo hipotecario firmado entre el sector bancario y el Gobierno para los deudores hipotecarios vulnerables o en riesgo de serlo. Esta resolución fue publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, "la mayoría de bancos y cajas permitirán cubrir más del 97% de las hipotecas", según informó el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tras la publicación de la resolución en el BOE.
Abanca, Arquia Bank, BBVA, Banco Caminos, Banco de Crédito Social Cooperativo, Banco Sabadell, Banco Santander, Bancofar, Bankinter, CaixaBank, Caja de Crédito de los Ingenieros, Caixa Popular-Caixa Rural, Caixa Rural de Callosa d'en Sarriá, Caixa Rural de L'Alcudia, Caixa Rural de Turís, Caixa Rural Galega, Caixa Rural San Vicente Ferrer de la Vall d'Uixó, Caixa Rural Torrent y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent han adherido al proyecto.
Se han unido a la iniciativa Caja de Crédito de Petrel, Caja Laboral Popular, Caja Rural Católico-Agraria, Caja Rural Central, Globalcaja y las cajas rurales de Albal, Alginet, Altea, Asturias, Cheste, Granada, Guissona, Navarra, Villar del Sur, La Junquera de Chilches, San Isidro de Vilafamés, San Jaime de Alquerías del Niño Perdido, San José de Burriana, San José de Nules, San Roque de Almenara y San Josep de Vilavella.
Doce entidades financieras han firmado los códigos: Cajamar, Cajasur Banco, Colonya-Caixa D'estalvis de Pollensa, Deutsche Bank, Eurocaja Rural, Evo Banco, Ibercaja Banco, ING, KutxaBank, OpenBank, Targobank y Unicaja Banco junto con Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).
Tras varias semanas de negociación entre el Ministerio de Asuntos Económicos y las empresas del sector financiero, el Consejo de Ministros aprobó el 22 de noviembre el Real Decreto-ley 19/2022. Esta norma establece un Código de Buenas Prácticas para reducir el impacto de la subida de los intereses sobre los hipotecados en situación vulnerable. Además, modifica el Real Decreto Ley 6/2012 para mejorar la protección a estos deudores. En concreto, mejora el tratamiento a las familias en riesgo, ofrece un marco temporal para aquellos afectados por la subida de tipos y facilita la amortización anticipada y la conversión a tipo fijo.
Los hogares cuyos ingresos sean inferiores a 29.400 euros anuales (tres veces y media el IPREM) y que hayan sufrido un aumento significativo de su hipoteca (30%) podrán beneficiarse de estas medidas. Las entidades financieras les ofrecerán la posibilidad de extender el plazo de amortización hasta siete años, con la opción de congelar la cuota durante doce meses.
El Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en situación de riesgo es voluntario para las entidades, tal como lo fue el código para los deudores vulnerables. Sin embargo, una vez que se hayan suscrito, las entidades estarán obligadas a cumplirlos.
El Acuerdo del Consejo de Ministros para aplicar el nuevo código estableció un plazo máximo de cuatro semanas para adherirse. Las variaciones posteriores se informarán mensualmente en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, así como en el BOE. Excepcionalmente, la Secretaría podrá autorizar nuevos períodos de adhesión para aquellas entidades que cambien su decisión inicial, y luego actualizará la información publicada en su página web.
Las empresas que comiencen su trabajo después de cuatro semanas pueden pedir ser parte del Código de Buenas Prácticas hasta que este expire, que es en dos años.
Las 84 entidades financieras que ya se habían comprometido con el Código de Buenas Prácticas para familias vulnerables, siguen siendo fieles a su palabra tras la ampliación de sus ámbitos de actuación. Esta extensión permite que aquellos hogares cuyo ingreso mensual sea inferior a 3 veces el IPREM (25.200 euros anuales) y que destinen más del 50% de ese ingreso al pago de la hipoteca, puedan acogerse al Código con una moratoria de 2 años, una congelación del tipo de interés y una prórroga del plazo hasta 7 años.
Los deudores vulnerables tienen la posibilidad de reestructurar su hipoteca con un interés menor durante los 5 años siguientes al Euríbor 12M -0,1%, en comparación con el Euribor +0,25% actual.
Se ha ampliado el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda a 24 meses y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración si es necesario. Además, durante todo el 2023 estarán vigentes medidas adicionales para reducir los gastos y comisiones al cambiar de tipo variable a fijo y eliminar las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca.
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