La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía ha impuesto una multa de 120.000 euros y la obligación de restaurar el daño ambiental causado en el humedal de Sotomontes, ubicado en el núcleo ejidense de Matagorda (Almería). Esta infracción se llevó a cabo mediante la desecación del humedal, ocasionada por la proliferación de vertidos y movimientos de tierra con fines agrícolas.
En marzo del año pasado, la Delegación Territorial de Sostenibilidad inició un procedimiento sancionador luego de la denuncia realizada por los agentes de Medio Ambiente. Esta multa es producto de la destrucción o degradación manifiesta del hábitat de especies amenazadas catalogadas como en peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitat o de sus lugares de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación.
Este espacio alberga distintas especies en peligro de extinción, tales como la garcilla cangrejera --'Ardeola ralloides'--, garcilla bueyera --'Bubulcus ibis'-- y moritos --'Plegadis falcinellus'--, todas ellas en riesgo de extinción según el Libro Rojo de las Aves de España.
La multa impuesta por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía es solo el principio de un proceso de restauración del daño ambiental causado en el humedal de Sotomontes. Además de la multa, los responsables deberán acometer la paralización inmediata de todas las actividades de relleno de la charca, así como la retirada y tratamiento de todos los vertidos.
RECUPERACIÓN
Para recuperar la zona afectada, los responsables deberán seguir las indicaciones del Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad de la Delegación Territorial, de acuerdo con la resolución emitida por el viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en diciembre del pasado año.
Además de la actuación administrativa, la Fiscalía de Almería también ha abierto una investigación sobre los hechos acaecidos en la zona, debido a las denuncias presentadas desde 2020. Esto se remonta a hace tres años, cuando un grupo ecologista dio a conocer las obras de desecación del humedal. La Guardia Civil realizó una inspección en la que se pudo observar cómo se estaban realizando movimientos de tierra en el humedal con el fin de ganar terreno para uso agrícola.
El promotor de la obra solicitada necesitaba presentar la documentación requerida, pero no poseía ninguna que permitiera la realización de los trabajos. Paralelamente, el Ayuntamiento de El Ejido emitía un decreto derivado de un expediente sancionador, instando la paralización de los trabajos hasta que se resolviera el expediente. Por consiguiente, los agentes empezaron a instruir diligencias por un supuesto delito de desobediencia y otra relacionada con el medio ambiente, que se refiere a la protección de la fauna y flora silvestre.
DENUNCIA
En 2021, un grupo ecologista presentó una nueva denuncia en relación a la continuación de los trabajos, motivo por el cual se llevó a cabo una inspección por parte del Seprona. Esta inspección descubrió que se estaban depositando grandes cantidades de residuos de todo tipo, entre los cuales se encontraban envases de fitosanitarios, fertilizantes e insecticidas, así como plásticos usados en la agricultura que contenían productos químicos. Como resultado, se iniciaron diligencias ampliatorias de las anteriores.
El año pasado, una nueva denuncia fue presentada y la inspección que se llevó a cabo posteriormente constató que el volumen de vertidos había aumentado. Debido a esto, se requirió un informe técnico de la Unidad Técnica-Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UT-Ucoma), el cual certifica la pérdida directa del hábitat para una gran cantidad de especies, así como daños en la calidad del agua y del suelo, que afecta a la flora y fauna, generando una pérdida y degradación del hábitat que pone en peligro de extinción a especies protegidas.
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