El exdiputado Alberto Casero, exalcalde del municipio extremeño de Trujillo, podría beneficiarse de la reciente reforma de la ley de malversación de fondos públicos, ya que muchas de las irregularidades con las que se le acusa podrían acogerse a la nueva definición de "malversación light".
La reforma, que entró en vigor en diciembre de 2019, incluyó un nuevo tipo de malversación que castiga a aquellas autoridades o funcionarios que apliquen los fondos a su cargo a una "aplicación pública diferente de aquélla a la que el patrimonio público estuviere destinado". Esto abrió la puerta a la posibilidad de que Casero consiga una sentencia menos severa, ya que muchas de sus contrataciones podrían alegar que fueron realizadas en beneficio del Ayuntamiento.
Sin embargo, los fiscales sostienen que las acciones de Casero iban más allá de la aplicación de fondos públicos a objetivos diferentes, acusándole de desviar fondos para usos personales, como el pago de viajes y comidas. Además, se le acusa de incumplir la legislación de contratación al adjudicar contratos sin la autorización correspondiente.
A pesar de la reforma, los fiscales se mantienen firmes en su intención de castigar de forma contundente a Casero por los delitos que se le imputan. El juicio comenzará el próximo 1 de marzo y se espera que el exdiputado reciba una sentencia que refleje los hechos que se le imputan.
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