Un miembro del gobierno local de Mojácar (Almería) y afiliado al PP ha sido detenido por su posible participación en una estafa electoral relacionada con el voto por correo. La detención tuvo lugar cuando se presentó a declarar ante la Guardia Civil y se descubrió que tenía una orden de arresto pendiente por un delito de receptación.
L.M.L.R., sepulturero municipal, fue condenado a seis meses de prisión por comprar un saxofón robado y devolverlo a su dueña por 250 euros. Debido a sus antecedentes penales por delitos como amenazas, robo con violencia, falsedad en documento público y apropiación indebida, no se le permitió suspender la pena y ha estado siendo buscado desde agosto de 2020.
El funcionario habría pasado desapercibido por los agentes de la UCO que investigaban la supuesta compra de votos entre residentes de origen latinoamericano. El funcionario fue detenido junto a otros seis individuos, incluyendo a los números 2 y 5 de la candidatura del PSOE. Uno de los detenidos señaló al funcionario como "implicado" en el fraude, pero a favor del PP.
El juez encargado del caso ha iniciado una investigación separada para aclarar los hechos y mantiene la información en secreto. Sin embargo, ha levantado el secreto de las diligencias relacionadas con el PSOE, que cuenta con diez investigados, seis españoles y tres latinoamericanos. Además, se ha ordenado la retirada de 701 sobres de voto por correo para su análisis pericial y judicial.
La alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano (PP), presentó una denuncia sobre la gran cantidad de votos por correo en las elecciones locales, lo que inició una investigación. Además, el candidato del PSOE, Manuel Zamora, también denunció un posible fraude del PP mediante la entrega de cestas de comida a usuarios de los Servicios Sociales.
Durante un mes se llevaron a cabo una serie de actuaciones para investigar si había fraude electoral en un municipio. En estas diligencias se encontraron "indicios claros" de que algunos ciudadanos de origen latinoamericano estaban siendo captados para votar por correo a cambio de dinero u otras ventajas.
Seis ciudadanos españoles y algunos mediadores de Paraguay, Colombia y Ecuador están siendo investigados.
Durante los registros, los agentes encontraron votos por correo y listas censales con nombres de ciudadanos específicos. Según las investigaciones, se sospecha que los implicados ofrecían alrededor de 100 euros, aunque en algunos casos la cifra llegaba a los 200 euros.
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