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El Tribunal de Primera Instancia de Beer Sheva de Israel ha aprobado el desalojo forzoso de 500 beduinos palestinos de la aldea de Ras Jrabah, en la región del Neguev/Naqab (en el sur), que deberán abandonar sus hogares antes de marzo de 2024, según ha denunciado la ONG Amnistía Internacional (AI).
Los desalojos forzosos son parte de los planes de las autoridades de Israel para construir un barrio nuevo en la ciudad de Dimona, habitada en su mayoría por judíos israelíes. Mientras, los habitantes de Ras Jrabah serán reubicados en un empobrecido y segregado poblado beduino cercano.
La ONG ha calificado esta sentencia como un ejemplo de “cómo las leyes profundamente discriminatorias de Israel sobre la propiedad de la tierra se utilizan para imponer el apartheid contra los ciudadanos palestinos de Israel, a quienes se niegan sistemáticamente los mismos derechos que ha los israelíes judíos”.
Los palestinos desalojados deberán pagar además una multa de unos 31.700 dólares (28.736 euros) para cubrir los gastos legales.
La Autoridad de Tierras de Israel sostiene que la presencia de los aldeanos obstaculiza la expansión de Dimona. Y ello a pesar de que los residentes han solicitado integrarse en el nuevo barrio, petición que las autoridades israelíes han rechazado, negando el hecho de que los habitantes de Ras Jrabah llevan generaciones viviendo en su pueblo.
Según la Autoridad Beduina para el Desarrollo y los Asentamientos en el Neguev (Adalah), la organización jurídica que representa a los residentes, estos planes de desalojo de Ras Jrabah forman parte de una política más amplia de sustitución de palestinos beduinos por israelíes judíos en el Neguev/Naqab.
Este caso no es aislado, sino que se suma a una larga lista de violaciones de los derechos humanos que sufren los palestinos por parte del Estado de Israel, tanto en los territorios ocupados como dentro del propio país.
En las últimas semanas, las autoridades israelíes han demolido numerosas viviendas y estructuras de subsistencia en los poblados beduinos. Desde principios de 2013, las autoridades israelíes han demolido más de 140 viviendas beduinas en el Néguev. El caso más reciente ha sido el del poblado de Al Araqib, arrasado el 16 de julio. Este poblado ya ha sido demolido más de 50 veces en los últimos tres años. Sus habitantes dicen que llevan décadas viviendo en esas tierras y que deben tener derecho a permanecer en sus hogares.
Estas acciones han provocado también violentas protestas por parte de los propios ciudadanos israelíes, que se oponen al plan discriminatorio y racista del gobierno. En 2013, se organizó un “Día de la ira” para protestar contra el plan Prawer-Begin, una propuesta legislativa que permitía el desalojo forzoso de más de 30.000 residentes en el desierto del Néguev. La policía israelí respondió con fuerza excesiva a las manifestaciones pacíficas, atacando a los participantes y practicando detenciones arbitrarias.
Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que presione a las autoridades israelíes para que desechen estos crueles planes y pongan fin a su política de desalojos forzosos de palestinos en la región.
“En lugar de hacer uso de fuerza excesiva contra los manifestantes pacíficos que piden la retirada de un plan discriminatorio, Israel debe escuchar a sus ciudadanos y cumplir sus propias obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, ha declarado Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
