Un tecnicismo evita la recusación de una magistrada del caso Algarrobico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha inadmitido el incidente de recusación planteado por la asociación ecologista Salvemos Mojácar contra la magistrada-ponente que debe resolver la ejecución de la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a desclasificar el suelo del hotel El Algarrobico como urbanizable.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha considerado que la recusación se presentó fuera del plazo legal de diez días desde que se conoció la identidad de la magistrada, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press. La asociación alegaba que la magistrada había actuado “junto al abogado del Ayuntamiento” de Carboneras, exmagistrado del TSJA en excedencia, en el dictado de una sentencia en 2014 “opuesta” a los intereses del colectivo.

Salvemos Mojácar sostenía que la magistrada tenía un “interés directo e indirecto” en el pleito y que ya había resuelto en una instancia anterior sobre la calificación urbanística del terreno donde se levanta el hotel ilegal, declarado no urbanizable por su valor medioambiental. Por ello, pedía el nombramiento de un nuevo magistrado ponente para ejecutar el fallo que ordena al Consistorio carbonero a modificar su planeamiento urbanístico.

Sin embargo, el TSJA ha desestimado estos argumentos y ha archivado el incidente de recusación sin entrar a examinar el fondo del asunto. La Sala ha recordado que la asociación conocía la participación de la magistrada y del exmagistrado como letrado municipal desde febrero de 2023, pero no presentó la recusación hasta mayo, más de tres meses después.

Además, ha señalado que la magistrada no ha resuelto en anterior instancia el pleito al que se refiere la ejecutoria y que solo ha tenido conocimiento de los litigios sobre el hotel El Algarrobico en su condición de magistrada. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Carboneras y la propia recusada se opusieron a la recusación por considerarla infundada y extemporánea.

El caso del hotel El Algarrobico lleva más de dos décadas en los tribunales y ha generado numerosas sentencias contradictorias sobre su legalidad y su impacto ambiental. El edificio, construido en 2003 con todos los permisos municipales, se encuentra en una zona protegida del parque natural del Cabo de Gata-Níjar y tiene una orden de demolición pendiente desde 2016.