El pasado 23 de julio se cerró la operación por la que el grupo saudí Al Waleed Bin Talal, propiedad del príncipe del mismo nombre, anunciaba una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 9,9% de las acciones de Telefónica, la mayor empresa de telecomunicaciones de España y una de las más importantes de Europa y América Latina.
La operación, valorada en unos 2.100 millones de euros, supone un auténtico golpe de Estado económico, que pone en jaque la soberanía nacional y la privacidad de millones de ciudadanos. Y es que Telefónica no es una empresa cualquiera, sino una pieza clave en el desarrollo tecnológico, la innovación y la seguridad cibernética del país.
No hay que olvidar que Telefónica es una empresa considerada estratégica, por lo que cuenta con protección por el escudo antiopas. De hecho, el propio grupo saudí reconoce que necesitará “autorizaciones regulatorias” para llevar a cabo su plan. Sin embargo, parece que el Gobierno español no estaba al tanto de las intenciones del príncipe Al Waleed, que llegó a Madrid tras el 23J y aprovechó su resultado para cerrar “la toma” de Telefónica.
Desde el Consejo de Ministros “no había constancia” de que la empresa saudí fuera a hacer un movimiento de este tipo. Y es que detrás de esta maniobra se esconde una clara intención política: la de controlar uno de los principales activos estratégicos de España y Europa, y acceder a sus redes e infraestructuras críticas.
No podemos olvidar que Arabia Saudí es una dictadura medieval, que viola sistemáticamente los derechos humanos, que financia el terrorismo yihadista y que mantiene una guerra sangrienta en Yemen. Tampoco podemos ignorar que Marruecos está presuntamente detrás del espionaje al Gobierno español por medio del software Pegasus, que se introduce en los teléfonos móviles y permite acceder a toda la información personal y profesional de sus víctimas, y cabe preguntarse qué garantías tenemos de que el grupo saudí no hará lo mismo con los datos e informaciones sensibles que maneja Telefónica.
¿Qué consecuencias tendrá para nuestra seguridad nacional y nuestra democracia que un país extranjero tenga el control de nuestra principal empresa de comunicación? ¿Qué papel jugará España en el escenario internacional si pierde su soberanía tecnológica?
Estas son algunas de las preguntas que deberían hacerse los responsables políticos, los reguladores y los accionistas de Telefónica antes de aceptar o rechazar la OPA saudí. No se trata solo de una cuestión económica, sino también ética y moral. Está en juego el futuro de nuestro país y el bienestar de nuestra ciudadanía. No podemos permitir que nos vendan al mejor postor.
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