Ha sido un momento de alegría contenida, ya que no están las cosas para expresar muchas sonrisas antes las elevadas tribulaciones que, especialmente, nos están aconteciendo en nuestro vetusto país, entre los sentires quijotescos de unos y pancistas de otros. En todo caso, con este amanuense artículo intento apacentar mi espíritu, porque sale de la bondad del alma, y alegrarme que la lengua castellana recupera su estatus constitucional en las Islas Baleares.
En la comunidad autónoma de las Islas Baleares, al menos, se ha adoptado un acuerdo normativo por el que se recupera el verdadero y auténtico espíritu de la Constitución Española de 1978, en relación con el castellano que es la lengua española oficial del Estado, y todos los españoles que residan en el territorio nacional, en cualquier municipio, provincia o región, tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla.
Nos tenemos que felicitar, desde otras partes del territorio español, cuya única lengua es el castellano y la misma debe de prevalecer como vehicular en todas las zonas por ser uno de los elementos de comunicación que ayudan a la inclusión de toda la ciudadanía en un proyecto común de unidad histórica a pesar de las flaquezas políticas, que han permitido con un alto grado de despotismo normativo y con aquiescencia nihilista y nacionalista, la discriminación lingüística del conjunto de residentes españoles, dejando en el rescoldo de las tibiezas al castellano a los escritores y poetas de la Generación del 98 y del 27.
Al menos, ya no será un requisito “sine qua non” para el acceso al ejercicio de la función pública en el ámbito sanitario la lengua catalana, lo que estaba dando lugar a desajustes organizaciones y disociaciones funcionales en el sector de los profesionales de la salud, perjudicando con la actitud limitativa de un derecho y deber fundamental, que los grandes perjudicados fuesen toda la comunidad sanitaria, incluidos, los propios pacientes, al señalar con una actitud caprichosa y fanática al catalán como lengua ordinaria, cuando el castellano, conforme al Derecho Constitucional, debe de ser tratada en su uso como “primus interpares”.
El siguiente paso del poder legislativo autonómico sería dejar sin efecto el acuerdo que se adoptó en su momento por la izquierda separatista, aprobando una normativa de obligado cumplimiento de no exigir el título de catalán para todas aquellas personas que quieran acceder con los principios de igualdad, méritos y capacidad, publicidad y concurrencia, a la Función Pública de las Islas Baleares.
A ver si cunde el ejemplo de cordura institucional y la recuperación de los derechos y libertades de los ciudadanos, aunque esta decisiones no tengan visos de una realidad fehaciente en otras partes del territorio nacional, y comenzamos a decir a viva voz, “tolerancia cero”, frente a cualquier fanatismo lingüístico que obstaculice la carrera profesional de acceso al ámbito del Sector Público, no solo en las Islas Baleares, sino en todos aquellos otros territorios, en donde el castellano está siendo ignominiosamente reducido a la más mínima expresión ciudadana.
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