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El empresario hotelero Miguel Rifá, acusado de defraudar más de 90 millones de euros a la Hacienda Pública y de alzarse con sus bienes para evitar el embargo, “nunca tuvo buena fe ni existió voluntad” para saldar sus deudas con el fisco, según ha afirmado la fiscal del caso en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Almería.
La representante del Ministerio Público ha sostenido que las presuntas prácticas defraudatorias de Rifá “eran un modo de vida” y que él mismo “planificó” el alzamiento patrimonial del que se le acusa, con la ayuda de su asesor fiscal I.M.M. y de otros colaboradores que actuaron como testaferros o intermediarios.
Según la fiscal, Rifá era el “propietario último de todo el entramado imbricado de más de 100 sociedades interpuestas” que utilizó para ocultar sus ingresos y su patrimonio a la Agencia Tributaria. Así lo habría reconocido el propio acusado en el juicio oral, “con lucidez, claridad y memoria”, pese a su avanzada edad y a sus problemas de salud.
La fiscal ha elevado a definitivo su escrito de acusación, con la única salvedad de la retirada de uno de los delitos fiscales, en concreto el relativo al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2008. Así, ha mantenido su petición de 26 años y once meses de prisión para Rifá como autor de cuatro delitos contra la Hacienda Pública y de un delito de insolvencia punible.
Para su asesor fiscal I.M.M., al que considera cooperador necesario y “omnipresente” en todo el entramado, ha solicitado 17 años de cárcel por los mismos delitos. Para el resto de los acusados, entre los que se encuentran familiares, empleados y socios del empresario, ha pedido penas menores por su “innegable y necesaria colaboración” en las operaciones fraudulentas.
La fiscal ha rechazado la tesis de las defensas, que alegan que la finalidad de las operaciones era la de “reestructurar la empresa para solucionar la situación insolvencia patrimonial” derivada de la crisis financiera de 2008. Según ha argumentado, los informes de la AEAT revelan que las empresas del grupo no tuvieron pérdidas, sino beneficios que no destinaron al pago de las deudas.
Asimismo, ha señalado que los acusados actuaron con “una absoluta opacidad malintencionada” para evitar que la AEAT “desenmarañara la trama” y con una “absoluta falta de colaboración”, solicitando continuos aplazamientos para ganar tiempo y vaciar patrimonialmente las sociedades sin deudas.
La Abogacía del Estado ha acusado al empresario hotelero Miguel Rifá y a sus colaboradores de utilizar “cuatro mecanismos de ocultación” para eludir el pago de sus deudas con la Hacienda Pública, que ascienden a más de 90 millones de euros. Según ha expuesto en el juicio, los acusados crearon “una estructura compleja” de sociedades interpuestas, simularon negocios jurídicos entre empresas vinculadas, distrajeron a la Agencia Tributaria con solicitudes y recursos y protegieron sus principales activos hoteleros con contratos de arrendamiento a largo plazo.
La Abogacía del Estado ha afirmado que los acusados actuaron con “dolo” y con “la verdadera intención de eludir” sus obligaciones fiscales, ya que conocían la existencia de las deudas y sabían que su actuación perjudicaba a la Hacienda Pública. Además, ha asegurado que contaban con “liquidez” pero que la ocultaron al fisco mediante “incobrables deudas por millones de euros” que fueron “generadas por ellos mismos”.
La Abogacía del Estado ha mantenido su petición de responsabilidad civil por el delito de alzamiento de bienes en 91,3 millones de euros, aunque ha indicado que los acusados “han ido generando más deuda” por valor de dos millones de euros. Asimismo, ha rechazado la atenuante de dilaciones indebidas que han solicitado las defensas, al considerar que la única paralización del proceso se debió al estado de alarma por el covid-19 y que el resto de demoras fueron causadas por los propios acusados.
El juicio, que comenzó el pasado 13 de septiembre, está previsto que concluya este viernes con las últimas palabras de los acusados. La sentencia se conocerá en los próximos meses.
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