Tráfico de Drogas en Vehículos Blindados del Ejército

En un revelador testimonio ante el tribunal de la Audiencia Nacional el pasado lunes, el militar del Tercio de Melilla, Daniel Sánchez, admitió haber depositado hasta 18 kilogramos de hachís en dos vehículos BMR (blindado medio sobre ruedas) del Ejército en febrero de 2014. La inusual operación tenía como objetivo transportar la droga desde Melilla a la península, aprovechando el despliegue de vehículos programado para unas maniobras de la Legión en Almería.

La confesión de Sánchez, realizada durante la audiencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, puso al descubierto detalles de cómo aprovechó la ocasión para ocultar 170 paquetes de hachís en un petate militar de viaje, mientras los vehículos estaban en el puerto antes de embarcar. A pesar de que el sumario reflejaba 18 kilos, el soldado afirmó haber movido 25 kilos de droga, generando dudas entre los fiscales sobre si actuó solo en esta operación.

La operación clandestina fue descubierta por la Guardia Civil, que realizaba escuchas telefónicas y seguimientos a una organización criminal desde 2013. En su testimonio, Sánchez admitió su participación en el operativo debido a problemas económicos derivados de la leucemia que afectaba a su hija. Sin embargo, destacó que, después de introducir la droga en los vehículos blindados, se arrepintió y confesó a los agentes de la Guardia Civil cuando fueron a interrogarle días más tarde. "Quería quitarme ese peso de encima", explicó al fiscal durante la audiencia.

El testimonio también reveló la presencia de Alaud Din Ali Hamed, un guardia civil destinado en el puerto de Melilla, entre los encausados. El fiscal le acusa de proporcionar información confidencial a la organización criminal utilizando bases de datos a las que solo tienen acceso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hamed negó las acusaciones, argumentando que solo realizaba consultas por interés profesional y no facilitaba información de manera ilícita. El caso destaca la complejidad y la implicación de miembros del Ejército y de las fuerzas de seguridad en actividades delictivas.