Estamos viviendo una de las épocas de mayor desabastecimiento de medicamentos en nuestro país. Un problema grave que afecta en primer lugar a los pacientes y también a las oficinas de farmacia comunitarias, hospitalarias y al sector farmacéutico en su totalidad. Vamos a intentar explicar los motivos de esta crisis que arrastramos desde hace varios años y que está llegando a unos límites inadmisibles.
Desde principios de 2020, La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realiza estudios que confirman el deterioro del es#tado de salud en los pacientes afectados, como con#secuencia de retrasos en la administración de las terapias, sustituciones por tratamientos menos óptimos o porque el medicamento sea insustituible.
Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la situación que se ha enquistado, viene de lejos y es de orden mundial. AEPMPS emite un informe semestral donde se publican las actuaciones que llevan a cabo para solventar el actual escenario, tanto a nivel nacional como internacional, y un análisis de las causas. También está trabajando con Fedifar (Federación de Distribuidores Farmacéuticos) en el proyecto Artemis, una plataforma de intercambio de conocimiento sobre la oferta de las distribuidoras sanitarias integrales y anticipar desabastecimientos´.
El Consejo General de Farmacéuticos presentó un informe sobre datos de incidencias en el suministro de medicamentos de 2022. Entonces, las cifras se habían disparado con respecto a 12 meses antes, subieron en un 150%. La situación no ha hecho más que agravarse a lo largo de 2023.
Los desabastecimientos se deben a causas complejas, muchas veces tienen que ver con la cadena de suministro, que pueden afectar desde la producción hasta la logística. También puede haber fallos de planificación en la estimación de la demanda, como sucedió en la pandemia. Pero uno de los factores clave es la excesiva dependencia de un escaso número de productores de materias primas a nivel global. La Unión Europea tiene una dependencia altísima de China e India, en la producción de principios activos, sobre el 80%. Recientemente se aprobó un PERTE para el sector farmacéutico, buscando volver a producir medicamentos en Europa, algo imprescindible, pero tendremos que esperar para ver los resultados.
Junto a esta dependencia hay otro factor determinante y este es, las políticas de fijación de precio de los medicamentos. La fijación de precios depende una comisión interministerial, dependiente del Ministerio de Sanidad. El Ministerio intenta bajar los precios, debido a que tiene que soportar, si lo incluye en la prestación de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, el coste total o parcial de estos. Pero esa bajada de precio debe tener un equilibrio con los lícitos intereses empresariales del laboratorio fabricante. Si no se respeta al laboratorio, lo que puede suceder es que estos medicamentos vayan a otros mercados, donde el beneficio es superior.
Hay que tener en cuenta que el proceso de I+D de un medicamento es complejo y con un alto nivel de riesgo. Sólo uno de cada 10.000 compuestos en investigación acaba siendo un medicamento a disposición de los pacientes;el coste de crear un medicamento supera los 2.400 millones de euros, y todo el proceso dura entre 10 y 12 años.
Y la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos es esencial, se incorporan tratamientos más eficaces, precisos y con menores efectos secundarios, mejorando el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes y reduciendo el gasto sanitario derivado de su hospitalización y tratamiento médico, así como de las complicaciones de su proceso. Diversos estudios constatan que por cada euro invertido en nuevos medicamentos se ahorran entre 2 y 8 sólo en otras prestaciones sanitarias (consultas, ingresos hospitalarios, etc).
Por otro lado, el sistema dispone de mecanismos que permiten que la inversión pública en medicamentos se mantenga en valores razonables. Entre ellos, la regulación de los precios por parte de la Administración, la caducidad de las patente, las consiguientes bajadas de los precios, los nuevos modelos de financiación, como los acuerdos de riesgo compartido, por los que el sistema sanitario sólo paga por los medicamentos en aquellos pacientes en los que funcionan satisfactoriamente, o el Convenio por la Sostenibilidad y el Acceso entre el Gobierno y Farmaindustria, por el que las compañías farmacéuticas se comprometen a devolver a la Administración la diferencia si el gasto público crece por encima de lo que lo hace el PIB real.
La clave está en creer en el modelo preventivo, creer en definitiva en la atención primaria, y la prestación farmacéutica, en gran medida está encuadrada aquí. El correcto tratamiento farmacéutico con los medicamentos adecuados en cada paciente, es un derecho, pero además ahorra dinero al Estado.
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