Pedro Sánchez nos ha vuelto a sorprender con su habilidad pactista en el tema de la inmigración, una cuestión sensible que afecta a millones de personas y que requiere una gestión responsable desde el punto de vista de la seguridad, y solidaria en su vertiente humana.
Pero Sánchez, con tal de lograr la abstención de Junts para sus reales decretos, aceptó ceder las competencias de inmigración al Gobierno de Cataluña, sin consultar ni informar absolutamente a nadie. ¿Qué significa esto? Pues que el Gobierno catalán podrá decidir quién entra y quién sale de su territorio, sin tener en cuenta el marco legal estatal ni europeo. Una cesión que pondría en juego el sistema fronterizo común de la Unión Europea, y que supone un agravio comparativo para el resto de España, que tendrá que asumir las consecuencias de una política migratoria a la carta.
Pero no se crean que Sánchez ha sido sincero con sus socios independentistas. Tras hacer el pacto, la vicepresidenta María Jesús Montero, se lanzó a decir que habría que ver el alcance de la cesión, y que tendría que ser aprobado como Ley Orgánica, es decir, con mayoría absoluta del Congreso. Y luego ha salido el propio Sánchez en otra entrevista asegurando que las competencias en inmigración son del Estado, y que lo único que ha hecho es abrir un diálogo con Cataluña. La pregunta es a quién engaña Sánchez.
¿Ha engañado a Junts o al resto, o a ambos? Si como dice Montero eso se hará mediante Ley Orgánica, había que tener en cuenta que quizá los nacionalistas canarios no estén de acuerdo, y la mayoría absoluta no pueda producirse.
¿Y qué quiere decir Sánchez con sus palabras, además de la obviedad de que las competencias están “residenciadas en el Estado”? Digo obviedad porque lógicamente, si no fuesen del Estado, no habría nada que ceder. En realidad, no nos engañemos, lo que Junts quiere no son competencias sobre las fronteras, sino sobre la gestión del flujo migratorio interno. Lo que quieren es poder rechazar inmigrantes que les envíe el Gobierno cuando se produce una crisis en Canarias, o poder expulsar a los que tienen dentro, y que el Gobierno central se encargue de repartirlos en otros territorios.
El problema es qué pasará si Andalucía pide lo mismo, y Madrid también, y Valencia... ¿Cómo va a gestionar el Gobierno central sus propias competencias? ¿Cómo va a garantizar la cohesión territorial y la solidaridad interregional? ¿Cómo va a cumplir con sus compromisos internacionales? Sánchez ha abierto la caja de Pandora de la inmigración, y no sabemos qué sorpresas nos deparará.
Lo que sí sabemos es que su forma de gobernar es la del oportunismo y la improvisación. Y eso, tarde o temprano, pasa factura.
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