Fernández-Pacheco señala al culpable de que el Hotel del Algarrobico siga en pie

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado hoy la firme convicción de que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras, actualmente en disputa judicial, es la vía más adecuada para anular la licencia municipal de obras del polémico Hotel de Azata en El Algarrobico y, consecuentemente, lograr su demolición.

Fernández-Pacheco ha destacado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado la suspensión cautelar de la modificación del PGOU solicitada por la Junta, argumentando que la misma no cumple "estrictamente" con las sentencias previas y no facilita la anulación de la licencia de obras a través de un procedimiento de revisión de oficio.

El portavoz del Gobierno andaluz ha criticado al Partido Socialista (PSOE) por votar en contra de esta modificación en un pleno celebrado el pasado noviembre, impulsado por el actual equipo de gobierno del Partido Popular (PP). Fernández-Pacheco ha acusado al PSOE de obstaculizar la demolición de una construcción que, según las sentencias del Tribunal Supremo, nunca debió erigirse, y ha resaltado la importancia de restaurar la playa para devolvérsela a la comunidad andaluza.

En este contexto, el consejero ha señalado que la decisión del TSJA no aborda el fondo del asunto, sino que se centra en la medida cautelar solicitada por la Junta, subrayando que lo esencial es el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo.

Fernández-Pacheco ha expresado la voluntad del Gobierno andaluz de colaborar en la demolición del Hotel de Azata, señalando que existe una partida económica en el presupuesto de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul destinada a este propósito. Ha instado al alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela, a seguir esforzándose por cumplir la sentencia, a pesar de los supuestos obstáculos por parte del PSOE.

El consejero ha interpelado directamente a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, pidiendo explicaciones sobre la posición del PSOE en Carboneras en contra de la modificación del PGOU. Enfatizó la importancia de la colaboración entre la Junta, el Ayuntamiento y la Administración General del Estado para llevar a cabo la demolición y la restauración ambiental del área protegida.

Cabe recordar que la disputa legal se desencadenó cuando la Junta recurrió en junio de 2023 el texto con el que el Ayuntamiento de Carboneras ejecutaba la sentencia que declaraba el suelo de El Algarrobico como "no urbanizable de especial protección". La administración autonómica argumenta que el paraje es un espacio protegido desde 1994, aunque la licencia para el hotel se concedió en 2003. El TSJA, en su auto, no ve "nulidad evidente" en la modificación realizada por el PSOE y destaca que la medida cautelar solicitada por la Junta no procede al prejuzgar el fondo del asunto.