Condenado a prisión por robar casi medio millón de euros en cheques

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que condenó a Francisco F. P. como autor de un delito de apropiación indebida por quedarse con el importe de dos cheques nominativos que le entregó la empresa Acciona Industrial S.A. como parte de un acuerdo transaccional.

Los hechos se remontan al 31 de enero de 2020, cuando el acusado, como administrador único de la mercantil Calderería y Montajes Fergón S.L., recibió dos cheques del BBVA por un valor total de 473.392,84 euros. Posteriormente, el acusado ingresó los cheques en una cuenta bancaria de Cajamar de la que era titular junto a su esposa, y fue retirando el dinero poco a poco hasta cancelar la cuenta el 12 de junio de 2020.

La administradora concursal de Calderería y Montajes Fergón S.L., actualmente en liquidación, reclamó la restitución del dinero entregado, pero no obtuvo respuesta del acusado, que se apropió del mismo con ánimo de lucro ilícito.

La Audiencia Provincial de Almería le impuso una pena de dos años de prisión y siete meses y veinte días de multa, así como la obligación de indemnizar a la empresa perjudicada con el importe de los cheques más los intereses legales. El acusado recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que la ha confirmado íntegramente en una resolución dictada el 16 de enero de 2024.

El Tribunal ha desestimado los argumentos del recurrente, que alegaba que los cheques eran de libre disposición y que no existía prueba de cargo suficiente. La Sala ha considerado que los cheques eran nominativos y que el acusado los cobró a sabiendas de que pertenecían a la sociedad de la que era administrador, incurriendo en un abuso de confianza. Asimismo, ha valorado las declaraciones de los testigos y los documentos aportados por la acusación, que acreditan la apropiación indebida.

El Tribunal ha absuelto al acusado del delito de insolvencia punible que también se le imputaba, al no quedar probado que hubiera ocultado o dilapidado su patrimonio para eludir sus responsabilidades. No obstante, ha declarado de oficio la mitad de las costas procesales, mientras que la otra mitad ha sido impuesta al condenado.