En estos últimos años, el coste de la vida en España se ha convertido en una montaña rusa sin frenos. La escalada de precios, especialmente en los alimentos, parece no tener fin. Las previsiones para 2024 y más allá no son halagüeñas: la inflación se moderará, pero no lo suficiente, lastrando el crecimiento económico.
A esta tormenta perfecta se suman las tensiones geopolíticas, que impactan en los mercados de energía, materias primas y cadenas de suministro. Aproximadamente la mitad de las empresas españolas ya están sufriendo las consecuencias.
En este contexto, la creación de empleo parece ser un oasis en medio del desierto. Sin embargo, este espejismo esconde una realidad preocupante. El dinamismo del mercado laboral se debe, en gran medida, a la mano de obra extranjera, que ha crecido un 9,5% en 2023, mientras que la afiliación de españoles solo lo ha hecho un 1,7%.
Deberíamos preguntarnos por qué ocurre eso. Y es que mientras se importan trabajadores extranjeros para cubrir puestos de baja cualificación, se destruye empleo en sectores como el campo, donde 100.000 personas han perdido su trabajo en el último año. ¿De verdad que eso no merece una reflexión?
Si baja el empleo en el campo, y como hemos visto recientemente, nuestra producción sigue creciendo ¿no será que la mano de obra legal se está sustituyendo por otra opaca? Si cada vez más españoles quedan fuera del mercado de trabajo de baja cualificación, y son sustuidos por extranjeros ¿no será que los españoles son, en realidad, los de las "paguicas"? ¿no será que de modo real se produce una discriminación salarial con los extranjeros, y que por tanto resultan más baratos para los empresarios?
Es paradójico que, liderando España las tasas de paro en Europa (12,8%), el crecimiento de la afiliación española sea tan bajo. La política actual solo conduce a la precarización laboral y al empobrecimiento de la población.
La solución no pasa por importar mano de obra barata, sino por dignificar los empleos menos cualificados y luchar contra la precariedad. Reformas legislativas que protejan a los trabajadores, tanto españoles como inmigrantes, son necesarias para asegurar un mercado laboral justo y equitativo. De lo contrario, se estarán creando dos niveles de trabajadores, aquellos que tienen todos los derechos, y cada vez más, y otros en condiciones de semiesclavitud para costear a los primeros. En realidad eso ya ocurre entre los autónomos y los asalariados, porque mientras a unos se les reduce la jornada y se les mantiene el sueldo, a los otros se les obliga trabajar más para poder mantenerse, pagando más impuestos, tasas, cotizaciones...
Pero proteger a los trabajadores no es crear unas condiciones laborales inasumibles para el empresariado, incrementando los costes salariales por encima de la productividad. Hay que pensar más cada paso que se da.
"No hay nada más caro que la pobreza", dijo alguna vez el escritor y economista francés François Quesnay. En España, estamos viviendo una época en la que el coste de la vida se dispara, mientras que los salarios se estancan y la precariedad laboral se extiende. Es hora de cambiar el rumbo y apostar por un modelo económico que ponga en el centro el bienestar de las personas.