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La Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados ha avanzado en su indagación sobre el caso Koldo, que involucra a varios actores en la adquisición de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Entre los comparecientes solicitados se encuentran figuras relevantes como:
- Óscar Liria Sánchez: Ex vicepresidente de la Diputación y uno de los cabecillas del caso Mascarillas.
- Javier Aureliano García: Presidente de la Diputación.
- Fernando Jiménez: Vicepresidente segundo de la Diputación.
- Rodrigo Sánchez: Alcalde de Fines, lugar relacionado con Óscar Liria.
- Kilian López: Empresario.
- Hortensia López: Tía de Kilian López.
La investigación judicial ha estimado que los acusados podrían haberse beneficiado de una presunta mordida de 945.000 euros en relación con la compra de mascarillas para la Diputación Provincial. Este proceso busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
CASO KOLDO
Se da la circunstancia de que este caso ya fue objeto de una comisión de investigación en la propia Diputación Provincial a instancias de la oposición, en aquel momento PSOE, Ciudadanos y Vox, y fue objeto de un dictamen.
Además, el caso almeriense no tienen ningún tipo de relación con el de Koldo. Se investigan delitos graves como pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias1. La trama involucra a más de 20 personas y se centra en la ejecución de hasta 13 contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, con un beneficio económico estimado de millones de euros para los implicados.
La Audiencia Nacional está llevando a cabo la investigación, y el juez instructor ha destacado la “capacidad de influencia” de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, en los contratos, así como un “incremento patrimonial injustificado” de Koldo y una fuente de financiación desconocida que aportaba dinero en metálico tanto al exasesor como a su familia.
Estas acciones podrían resultar en condenas severas para los implicados si se demuestra su culpabilidad. Además, el caso ha generado una gran polémica y críticas hacia el Gobierno Central y los dirigentes de algunos gobiernos regionales por suscribir contratos con la empresa vinculada a la trama. La situación pone de relieve la necesidad de transparencia y ética en la gestión de contratos públicos y podría tener consecuencias políticas además de las legales.
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