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Audiencia Nacional amenaza con multar al Gobierno por Palomares
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Audiencia Nacional amenaza con multar al Gobierno por Palomares

miércoles 17 de abril de 2024, 12:59h

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La Audiencia Nacional ha advertido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que podría enfrentar una multa de hasta 1.200 euros si no proporciona en diez días el expediente administrativo relacionado con la descontaminación de los terrenos radiactivos en Palomares, Almería. Ecologistas en Acción ha presentado una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la falta de solución a la emergencia radiológica en Palomares desde 1958.

La Audiencia Nacional ha emitido una advertencia al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), indicando que se enfrentará a una multa de entre 300 y 1.200 euros si no proporciona, en un plazo máximo de diez días, el expediente administrativo relacionado con la descontaminación de los terrenos afectados por radiactividad en Palomares, Almería. Esta medida se toma tras la omisión del ministerio a dos solicitudes previas.

La resolución instruye al abogado del Estado para que, en su calidad de representante legal de la administración implicada, proceda con la entrega del mencionado expediente.

El Juzgado Central número 8 ha solicitado que la acción se ejecute con la mayor celeridad posible para prevenir retrasos adicionales en el proceso iniciado por Ecologistas en Acción. El grupo ecologista busca denunciar la falta de acción por parte del Gobierno y promover la implementación del Plan de Rehabilitación de Palomares, que, según afirma el Estado español, corresponde llevar a cabo a Estados Unidos.

En febrero, el tribunal solicitó el expediente al Miteco para dirimir un desacuerdo de competencias entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Ambos entes discrepan en cuanto a qué instancia judicial debe determinar si se exige al Miteco establecer un plazo para la limpieza de americio y plutonio, presentes en la zona desde hace 58 años.

La Fiscalía argumenta que la Audiencia Nacional es quien debe tomar la decisión, mientras que la Abogacía del Estado sostiene que tal competencia recae en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). De acuerdo con los documentos revisados por Europa Press, la Fiscalía considera que la Secretaría de Estado de Energía es la entidad responsable de llevar a cabo la limpieza del suelo radiactivo, que incluiría el almacenamiento temporal de 6.000 metros cúbicos de residuos. Por otro lado, la Abogacía del Estado opina que la petición de Ecologistas en Acción está dirigida a la Subdirección General de Política Energética y Minas.

La Audiencia Nacional insta al Miteco a entregar documentación sobre Palomares bajo amenaza de multa

En base a la interpretación de la Abogacía del Estado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es el órgano competente para resolver la cuestión. Según su argumento, la “inactividad” que se impugna se atribuye a un “órgano central de la Administración Central del Estado con competencia en todo el territorio nacional y con nivel orgánico inferior al de ministro o secretario de Estado”.

Por otro lado, la Fiscalía sostiene que la Audiencia Nacional debe tramitar el procedimiento, específicamente la sala de lo Contencioso-administrativo. La solicitud se basa en la desestimación por silencio administrativo de una petición relacionada con asuntos energéticos, cuya resolución recae en un Secretario de Estado.

El colectivo ecologista Ecologistas en Acción tomó la iniciativa en febrero, cuando se cumplieron 58 años desde que cuatro bombas termonucleares cayeron accidentalmente en la localidad de Palomares, Almería, tras la colisión en el aire de dos aeronaves de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. A pesar de la evidencia, la situación sigue sin cambios.

La decisión de llevar el caso a los tribunales se debe al silencio por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ante las solicitudes de Ecologistas en Acción para establecer un plazo y llevar a cabo el Plan de Rehabilitación en la zona. Según el Gobierno español, esta tarea debe ser ejecutada por la administración estadounidense.

Es la segunda vez que se recurre a la Audiencia Nacional para exigir la fijación de un plazo para la limpieza y ordenar el depósito temporal de aproximadamente 6.000 metros cúbicos de residuos obtenidos tras el tratamiento de los 50.000 metros cúbicos de tierra previstos por el Ciemat y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La Audiencia Nacional insta al Miteco a entregar documentación sobre Palomares bajo amenaza de multa

En 2019, la justicia sentenció que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) “no tenía competencias” para ejecutar las demandas de la organización ecologista Ecologistas en Acción. Sin embargo, no especificó qué órgano debía asumir esa responsabilidad. Durante ese procedimiento, el tribunal también enfrentó dificultades para acceder a la documentación requerida.

En su nueva ofensiva, Ecologistas en Acción ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España. La demanda se basa en la “falta de solución” a la “emergencia radiológica” que afecta a Palomares desde 1958, así como en la “inacción” de los “sucesivos gobiernos” para resolver una situación prolongada en el tiempo que ha puesto en riesgo la vida de las personas.

El colectivo ecologista denuncia que los habitantes de Palomares han sido “sometidos” a “experimentos científicos sin su consentimiento”. Además, afirma que se les permitió ingerir e inhalar partículas radiactivas con el objetivo de investigar las consecuencias del plutonio en la salud hasta el año 2009, como parte del proyecto ‘Índalo’ acordado entre España y Estados Unidos, lo que califica como “trato degradante”.

La contaminación radiactiva en Palomares es un caso único en la historia de España y aún está pendiente de resolución. Aunque se valló gran parte de la zona afectada en 2011, todavía existen terrenos contaminados fuera del vallado por donde transitan personas y ganado libremente.

La demanda al TEDH busca abordar el fondo del problema en Palomares, reconociendo esta situación. Además, solicita que se revoque la sentencia de la Audiencia Nacional, confirmada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2022, que determinó que el CSN no era competente para llevar a cabo la limpieza de la radiactividad en la zona, sin especificar qué organismo debería asumir esa responsabilidad.

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