El PP pide tipificar el delito del fraude eléctrico por actividad criminal

La portavoz de Energía del PP en el Parlamento Andaluz, Julia Ibáñez, defenderá la próxima semana en el Parlamento una iniciativa relativa al fraude eléctrico que tiene como principal objetivo la modificación del Código Penal por parte del Gobierno de España del delito de fraude de suministro eléctrico vinculado a organización criminal, para asemejarnos en este sentido a países europeos de nuestro entorno.

Julia Ibáñez explica que en los últimos años se está detectando una profesionalización del fraude eléctrico agravado fundamentalmente por la proliferación de plantaciones ilegales de cultivo de cannabis, lo que se traduce en grandes volúmenes de electricidad robada en plena crisis energética.

Por ello, señala que el hecho de que tengamos un marco legal más “relajado” en esta materia está provocando, entre otras cuestiones, que “mafias europeas se estén asentando en nuestro país con el incremento cada vez mayor de manipulaciones ilegales de contadores que, como todos sabemos, tienen consecuencias negativas para la sociedad como incendios, interrupciones constantes de suministros, daños en estructura de edificios para conectarse ilegalmente a la red, y violencia creciente por parte de estas mafias que operan en esos entornos”.

La portavoz de Energía del PP advierte que estamos ante un problema que afecta a prácticamente todas las comunidades autónomas, y en el caso de Andalucía hay provincias que sufren especialmente esta problemática con una mayor incidencia como son Almería, Granada y Sevilla.

“En el caso de Almería los fraudes eléctricos vinculados al cultivo de marihuana se han incrementado en un 90% en el año 2023. Y lamentablemente, el contador legislativo del Gobierno de Sánchez se encuentra a cero, al margen de la amnistía y los independentistas urge que se ponga a trabajar y a solventar los problemas reales que almerienses y andaluces”, ha advertido.

Por último, Julia Ibáñez afirma que el Gobierno de Juanma Moreno sí cumple con sus competencias en esta materia como se demuestra teniendo en cuenta que ha aprobado sus Planes Generales de inspección en el área de energía (el último corresponde al bienio 2023-2024); lleva a cabo labores permanentes de vigilancia y supervisión para que la empresa distribuidora cumpla con la calidad del suministro y la ejecución de las inversiones a las que se ha comprometido; o dando un impulso a las mesas de trabajo de carácter técnico con las subdelegaciones del Gobierno con mayor rigor, responsabilidad, máxima lealtar y colaboración institucional.

“Es necesario que a todo lo que está haciendo el Gobierno Andaluz se sume una reforma legal acorde que permita reducir y eliminar este problema de base delictiva derivada del uso fraudulento de la red por estas organizaciones”, ha finalizado.