Hoy, en un día marcado por el recuerdo del trágico hallazgo del cuerpo de Gabriel Cruz hace seis años y tres meses, Patricia Ramírez, madre del niño, ha hecho una aparición conmovedora y firme en la Comisión de Interior del Senado. En su intervención, ha solicitado que se respete el estatuto de las víctimas para evitar la realización de un documental que incluya testimonios de Ana Julia Quezada, quien cumple una condena de prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel.
Ramírez ha instado a que se cumpla el estatuto de las víctimas y ha propuesto la creación de un gran pacto de Estado, similar al existente contra la violencia de género, con el apoyo de todos los partidos políticos. Este pacto debería proteger a las víctimas, especialmente en relación con el tratamiento que algunos medios de comunicación dan a sucesos de este tipo.
Además, ha solicitado que se actúe de oficio cuando un recluso con delitos graves desee participar en un libro, una serie, un documental o una película, y que no pueda hacerlo, y mucho menos cobrando. Este es el caso de Ana Julia Quezada, quien ha afirmado que el dinero que recibiría por su participación en una serie para una plataforma muy conocida se destinaría, en parte, a pagar el medio millón de euros que aún debe a la familia de Gabriel en concepto de responsabilidad civil.
En un emotivo discurso a los senadores, Patricia ha declarado: “Yo no sé de leyes, señores. Yo sé que las leyes no son matemáticas. Pero, aparte de las leyes, los que las interpretan tienen que entender que si esta mujer tenía derecho, nosotros también. A diferencia de que nosotros no hemos matado a nadie, ni hemos lesionado, ni hemos atacado la integridad, ni física, ni moral, de absolutamente nadie. Por tanto, sus derechos no pueden prevalecer por encima de los nuestros. Solo que lo que ustedes han tomado como un pacto de Estado para violencia de género se traslade a cualquier víctima de violencia grande. ¿Y a qué me refiero de violencia grande? Pues a agresiones sexuales, a pederastia, a violaciones”.
Patricia Ramírez ha hecho pocas apariciones públicas desde el asesinato de su hijo Gabriel en 2018, cometido por la pareja de su exmarido. Recientemente, se manifestó al saber que la asesina colabora desde prisión en una serie sobre el caso. Patricia considera que esto viola las normas de protección a la víctima, que deberían asegurar la dignidad y derechos de los afectados por el crimen.
Ha tenido encuentros con el gobierno central buscando soluciones, pero siente que no se han cumplido sus expectativas. Opina que representar de manera dramática un suceso tan trágico puede prolongar el dolor de la familia y de quienes les apoyaron. Al criticar la serie, Patricia intenta destacar lo que ve como un aprovechamiento mediático de la tragedia de su hijo.
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