¿En qué ha fallado el Estado a Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel Cruz, y en general a las víctimas de delitos graves? Pues esa es la clave de la intervención que tuvo ayer en la comisión mixta de Justica e Interior del Senado.
Patricia, que conmovió a sus señorías, al tiempo que ella misma se desmoronaba en algunos momentos recordando al “Pescaíto”, hizo un relato escalofriante de lo que está pasando para lograr algo tan simple como que se cumpla la Ley. De hecho, a pesar de que ella reclamó al finalizar un “pacto de Estado” para garantizar esta protección, un senador apuntó que antes de llegar a ese punto habría que analizar por qué no se cumple la Ley.
En concreto, Patricia denunciaba que a raíz de tener conocimiento de que la asesina de su hijo, Ana Julia Quezada, estaba en negociaciones para lucrarse con la realización de una serie para televisión, y que para ello estaba teniendo acceso a teléfonos móviles dentro de prisión de modo ilegal, y recibiendo visitas de periodistas haciéndose pasar por amigos y familiares, y que además de nada de eso se le estaba informando a pesar de que la ley lo establece, comenzó su calvario.
Solo cuando acabó dando una rueda de prensa porque no era atendida, es cuando la maquinaria se puso en marcha... para acabar reconociendo que lo denunciado por ella era cierto.
Lo bueno de la historia es que, según explicó, gracias a la Guardia Civil pudo contactar con la productora de la serie, y ésta le confirmó que renunciaban a seguir con el proyecto.
A continuación, recogemos de modo textual los aspectos más destacados de su intervención en el Senado:
Patricia comenzó explicando que “me pasaron una noticia en la que decían que en nuestro caso se nos estaba informando adecuadamente de las cosas necesarias que tenían que ver con nosotros. No sé si esa nota de prensa que he leído está equivocada o no está equivocada, pero desde luego sí se nos hubiese informado adecuadamente de que a esta mujer le estaban o estaba solicitando permisos dentro de prisión para grabar entrevistas o un documental, o que no estaba actualizando adecuadamente las videollamadas o llamadas que se le estaban concediendo, yo no estaría aquí haciéndoles perder su tiempo. Entonces, me veo la obligación de trasladarles las cosas como han ocurrido, por lo menos como las he vivido yo”.
En ese sentido recordó que “Como he trasladado, me entero hace un año aproximadamente, por la prensa, que en un foro de jueces de vigilancia penitenciaria, un juez ha otorgado un permiso a la persona que nos arrancó a mi hijo, con audio pero sin voz, para que haga una producción por una necesidad de contar X situaciones. Ese juez, en ese foro, preguntado por un periodista, se ampara en la directiva y en una sentencia del Tribunal Supremo del 3 de febrero, perdón, del 27 de enero del mismo año, el 2020, que dio lugar luego a esta directiva de prisiones 3-2020, que es la que se estaba aplicando actualmente, amparándose en esta sentencia para darle permiso a quien se lo llevó y justificando que con ese dinero nos va a pagar la responsabilidad civil. Cuando yo me entero de esta situación, recuerdo el Estatuto de la Víctima.”
El siguiente paso fue dirigirse a las oficinas de Asistencia a las Víctimas que se crearon al amparo de este Estatuto “para decirles qué hago, qué pasa y, sobre todo, cómo se le puede dar un permiso de grabación, sea con vídeo o sin vídeo, porque, aunque la graben en audio, me van a poner todas las fotos de aquellos días de la búsqueda que, nada más verlas, a mí me producen un estupor y unas consecuencias físicas graves. Pero, sobre todo, determinan que es para pagar una responsabilidad civil cuando la persona que está dentro de prisión todavía ni siquiera ha sido declarada insolvente. Y digo esto porque también el propio Estatuto determina que la parte civil hay que arreglarla cuanto antes, declarar su insolvencia o no insolvencia y, en función de esto, también existe una reparación por parte del Estado para que podamos hacer frente a abogados, psicólogos y todo lo que corresponda”. En ese sentido detalló que “después de casi seis años y medio, no solo esto no está resuelto, sino que a esta parte no se le ha explicado todavía qué ha pasado con su casa de la República Dominicana, su pena de que están varios documentales emitidos por en nuestro consentimiento, qué tal están sus cuentas, si se ha actualizado el punto de necrojudicial, si se han actualizado también o se han investigado las personas que puedan estar relacionadas con ellas en República Dominicana, etcétera”, pero “cuando vamos a la oficina de asistencia a las víctimas, nos dicen que escribamos a vigilancia penitenciaria”.
Al amparo del Estatuto de la Víctima, “uno puede personarse en un juicio mediante abogado y procurador, pero eso no exime que de forma paralela una persona como víctima… De hecho, ahora ya ni siquiera necesitamos hacer la solicitud porque por la nueva normativa y actualización del estatuto de la víctima ya tiene que ser de facto el que se haga. Pues yo presenté mi solicitud en su momento, en el año 2019, entre la denuncia provincial para que, sin perjuicio de lo que comunicaran a mi abogado, cualquier cosa que tuviera que ver al amparo del estatuto con la ejecución de la pena de su condenada me la trasladaran. Ahí facilité correo electrónico, como indica la norma, teléfono y dirección postal. Evidentemente, a mí nadie, no solo hasta la fecha no se me ha informado a mi correo en esa dirección absolutamente de nada, y digo de nada, sino que ni siquiera a mi abogado, en este caso, que estaba contratado y personado en la audiencia provincial, tampoco se les ha informado ni de permisos ni de resolución de responsabilidad civil, etcétera. Me dicen que escriba Vigilancia Penitenciaria, y nos dicen que no ha lugar a esos tres escritos porque, en teoría, por la prisión permanente revisable, eso le corresponde a la Audiencia Provincial”. Y así “a la Audiencia Provincial nadie le comunica que se está grabando dentro de la cárcel, por tanto, no les puede comunicar nada y nos encontramos en un impasse que también, desgraciadamente, hace que se incumpla el estatuto en tanto en cuanto a la víctima se le tiene que informar antes, durante y después de dónde se tiene que dirigir, cuáles son los casos adecuados para poder defenderse o simplemente interesarse de la resolución penal y civil, que en este caso a la civil se le están dando permisos para pagar una responsabilidad civil que no está resuelta y no se acepta directamente”. Posteriormente, “después de denegarnos todas estas peticiones en vigilancia penitenciaria, desgraciadamente, por una fuente directa, como comenté en comparecencia de prensa, nos enteramos de que dentro de la cárcel hay determinadas irregularidades. No solo esa posible grabación de documental, sino que también sabemos que hay teléfonos móviles, complicidad de determinados funcionarios –en ningún momento hemos dicho que sean todos–. Sí, vuelvo a ratificar que, presuntamente, no por esa fuente. Y ya anuncio que, una vez que comparezco públicamente, lo que pasa cuando hacemos las cosas mal es que, si uno además sale públicamente, pues ya no hay una fuente, hay unas cuantas más, que entre ellas no se conocen y nos trasladan la misma información”.
La madre de Gabriel siguió relatando su particular calvario, y es que “cuando yo me entero de todas estas irregularidades, por el miedo y el terror que tengo a salir a la plaza pública y ante el miedo a poner una denuncia y que se filtrase –porque ustedes saben que se nos ha filtrado prácticamente todo, por no decir todo, incluso su declaración, el secreto de sumario, donde ya cuenta su versión ante el juez destructor y que nadie se ha preocupado de quitar, y ahí veja a mi hijo y dice que lo insulta, que la insulta, que coge un hacha y todas esas cosas–, pues ante el miedo de que se nos filtrara y ante el miedo de que esta producción pudiera estar, llamo a la Unidad Central Operativa, que en el ejercicio de sus funciones al amparo del Estatuto, antes, durante y después, nos deben de dar cobertura y, aparte, apelando a su código ético, ellos tienen un decálogo de víctimas, nos la dan. Pongo, evidentemente, toda esta situación no en sus manos, sino con su conocimiento, para verificar que esa fuente fuera una fuente fiable, que la información que se nos está trasladando es correcta y cuando, desgraciadamente, me doy cuenta de que todo esto es así, viendo que no somos capaces ni siquiera de personarnos y de que nos den información de si hay permisos, no hay permisos, etcétera, o posibilidad de hablar con la cárcel, el día 27 me dirijo, como he dicho, al Ministerio del Interior”. Se reunió con el secretario de Estado de Seguridad, y con el secretario de Estado de Vigilancia Penitenciaria y les traslada todo esto y “otras irregularidades, como que se le está metiendo, tenemos conocimiento, dinero en los vis-a-vis, que tiene un móvil dentro de prisión, que no sabemos, por eso yo nunca he afirmado que pueda ser así, pero también sí podría serlo, si lo está utilizando para ponerse en contacto con periodistas, con las diferentes personas que forman parte de esta producción que ya quiere hacer, así como otros hechos de relevancia, tales como que tiene o ha otorgado poderes a personas de fuera, sin estar resuelta la responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento, que yo traslado todo esto al ministerio, lo hago con la intención de que esto no salga público, confiando completamente en su hacer, en que van a investigar internamente dentro de prisión qué está pasando, por eso se le traslada toda la información, y ellos me aconsejan, por un lado, una serie de acciones a hacer en la responsabilidad civil, remitiendo determinados escritos a la Audiencia Provincial para que se investigue en República Dominicana, cosa que agradezco, y me invitan a que cuando los haga, les vaya relatando la información. Además, me dicen que siga trabajando con la Unidad Central Operativa, con las personas que he estado en contacto, y que siga trasladándoles a ellos toda la información que me vaya llegando, e incluso me llegan a decir que si tengo el nombre de los funcionarios que se lo facilite”.
Patricia sale de allí pensando que se va a investigar, que esto se va a solucionar, “que me van a informar qué periodistas, qué no periodistas, qué plataforma, qué no plataformas, si hay teléfono, si no hay teléfono, y todo lo que tiene que ver con este caso”. Eso obsta para que ella siga en el tema y continúe recibiendo informaciones en esa misma línea “hasta que ya, justo dos semanas antes de salir a la rueda de prensa, me entero que se ha ido a vender un producto a una plataforma que distribuye estas producciones, en este caso Netflix, y que además se están utilizando unas llamadas que se dan desde prisiones y videoconferencias solo a familiares y amigos por los periodistas”.
Entonces “Cuando yo me entero de esto, después de cuatro meses, yo no entro en mi... Es un shock. Y entonces escribo una carta al señor Rafael informándoles de que sabemos que sigue existiendo esa complicidad con los funcionarios, que sabemos que tiene un móvil dentro, que sabemos que esa pieza se ha intentado vender a una plataforma o se ha llegado a acuerdos con una plataforma, y que sabemos que hay determinadas videoconferencias y llamadas que no tienen los permisos que están siendo usadas por periodistas. Ante el miedo a que eso, evidentemente, se proyectase en televisiones, porque las consecuencias de esto son públicas, y a nosotros esta exposición, si sale, nos va a hacer un daño público que seguramente vuelva a estar en todas las tertulias de las mañanas o de las tardes, en los cafés de muchas personas que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores. Pero esto es nuestra vida”.
Eso no desanima a Patricia que escribe otra carta “y le pregunto, después de hacerle llegar todo lo nuevo, que qué van a hacer desde la Secretaría General, si van a secuestrar al medio, si han identificado a los funcionarios, si tienen el teléfono, si saben la productora, si hay permisos, etcétera. Les envío esta carta. A los tres días se me llama por teléfono desde la Secretaría de Rafael, no se pone él al teléfono, como en otras ocasiones, y su secretaria me dice que no hay respuestas, que si tengo alguna pregunta más. Yo le traslado a su secretaria que las preguntas que he hecho se las he hecho en este documento, que es bastante extenso, explicando todo lo que ha pasado y que particularmente son dos, y es si van a retener esa producción, si van a secuestrar al medio y si han investigado algo de todo lo que yo les dije. Vuelta a responderme, no hay respuestas, estamos haciendo la investigación y a partir de ahí se me cierra la puerta”.
Y esa es la razón por la que convoca la rueda de prensa “ante la gravedad de los hechos para intentar paralizar algo que poniendo en conocimiento de las instituciones responsables al amparo del propio estatuto que nos otorga el poder poner en conocimiento de las personas responsables los hechos que tengan que ver con nuestro caso, tanto en penal como en civil, salvo a dar una rueda de prensa”. En esa rueda de prensa, “relato lo que les estoy comentando, y a la media hora es cuando se nos informa públicamente que el Ministerio nos ofrece toda su solidaridad y apoyo”. Posteriormente, también se le informa públicamente, “a mí nadie me ha llamado por teléfono, nadie me ha escrito nada a mi correo, ni siquiera a través de la Audiencia Provincial se me han notificado las cosas ni en dirección ni en correo ni en forma para que a mí me lleguen y a mi abogado, y nos enteramos por la prensa de lo que todos ustedes saben, que parece ser que la han cacheado y no han encontrado nada, que parece ser que está aislada, que no se ha encontrado ningún móvil, que se le han bloqueado las llamadas a periodistas, por tanto periodistas había, se publican incluso hasta las iniciales de los periodistas que la estaban entrevistando, y vuelvo a decir, a mí no se me informa, se informa a los medios”.
Justo después de esto, “si yo salgo el día 11 a dar una rueda de prensa, el día 13, porque está fechado el día 13, entra en la audiencia provincial un auto que escribe la directora de la cárcel. Este auto a nosotros se nos traslada el día 21, salgo el día 11, se escribe el 13 y se nos traslada el 21, y dice lo siguiente:
La dirección de este centro penitenciario ha tenido conocimiento a través de la información que la interna Ana Julia Quezada ha trasladado a diferentes profesionales del mismo, que una plataforma televisiva se muestra interesada en la realización de un documental o serie televisiva recreando todos los aspectos vinculados al asesinato del niño Gabriel Cruz en Almería en el año 2018, por el que la interna está cumpliendo una condena de prisión permanente revisable y dado que, según refiere, tiene la necesidad de explicarse y contar la realidad de los hechos acontecidos contando su versión de los mismos, como si no se lo hubiese contado al juez de instrucción y se hubiese filtrado o no hubiese tenido un juicio público con todas las garantías. Segundo, de resultas a esta propuesta televisiva, la interna espera recibir unos ingresos que, según sus palabras, dedicaría al pago de la responsabilidad civil derivada del delito y al mantenimiento económico de su propia familia. Por tanto, reconocen que hay un ánimo de lucro, cosas que yo ya había trasladado a prisión previamente. Tercero, indica la interna que los periodistas encargados son –permítanme que no dé los nombres– y que la productora o la plataforma es Netflix. Cuarto, el centro penitenciario no tiene capacidad ni posibilidad de contrastar ninguno de estos aspectos, más allá de la solicitud realizada por Ana Julia Quezada para que se autorice la comunicación con los periodistas citados. De igual modo, vuelvo a decir que esto nos llega a partir del día 20, el martes día 14 de mayo tiene prevista la visita de su abogado con el objetivo de revisar contrato a firmar con la productora y pactar las condiciones y cláusulas de su interés, así como la cantidad económica, según manifiesta la propia condenada. Dicho lo anterior, el centro penitenciario ha informado a la interna que este tipo de actuaciones excede de la naturaleza y fundamento para las comunicaciones con familiares y amigos que están previstas tanto en la ley orgánica, artículo 51, como en el reglamento penitenciario. Es decir, reconocen que está utilizando de manera espuria y fraudulenta las comunicaciones con amigos y familiares. Y esto también da lugar a reconocer que los periodistas que se han estado comunicando con ella no lo han hecho por los cauces que tienen que hacerlos y es solicitando los permisos oportunos. No obstante, traslada, existe un procedimiento específico por mor de la Instrucción 3 de 2020 de la Secretaría General que regula las autorizaciones para que periodistas y medios de comunicación puedan entrevistar a la reclusa, recogiendo la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en 27 de enero del 2020 a la que se remite la interna. A este efecto sí quiero hacer una reflexión. Yo estoy estudiando ahora mismo Psicología y Criminología, no sé mucho, pero sí me he leído esa sentencia como cuatro o cinco veces para entenderla bien. Esa sentencia es de un preso que se queja y denuncia a instituciones penitenciarias porque no le dan los permisos que cree que se merecen, por llevar 40 años en prisión encadenando delitos de robo, no tener determinados permisos y le niegan la comunicación con periodistas para denunciar que dentro de prisiones no se le están dando los permisos adecuados. Nada tiene que ver con el caso que nos ocupa. De hecho, en esa propia sentencia lo primero que dice el Tribunal Constitucional es que esos permisos han de denegarse cuando entran en conflicto con el derecho al honor y lesiona a las víctimas. Y, por supuesto, en esa sentencia en la que se avalan con esta directiva no hay ningún ánimo de lucro, porque ya creo que es la ley del 83-86 la que prohíbe a los presos contar una nueva versión para lucrarse de ellos y volver a dañar a las víctimas. Sigue el autónomo, el escrito de penitenciaría. De forma complementaria y conociendo la finalidad espuria de la actuación de la interna que pretende llevar a cabo sirviéndose de comunicaciones telefónicas, se le va a denegar la comunicación con estos periodistas, derivando a la interna que se sirva de los cauces en la Instrucción 3-2020 para solicitar su permiso. En todo caso, subrayo, el centro penitenciario no puede asegurar que la relación entre estos profesionales y la interna se lleve a cabo por otros medios, como pueden ser las comunicaciones escritas”.
"Esta es la única respuesta que he tenido, que ni siquiera me ha permitido poder tampoco entrar en ese contrato que se ha firmado con el abogado y saber cuál es, que he tenido por parte de prisiones. Y quiero dejarlo claro, porque si no, yo no estaría aquí".
Agenda
Si (
No(