La discusión sobre los pisos turísticos ha alcanzado un tono tan elevado que ya se está volviendo difícil escuchar otra cosa. Las quejas sobre la turistificación de las ciudades resuenan como un martillo constante en las reuniones vecinales, los debates políticos y las columnas de opinión. Pero, ¿realmente estamos abordando el problema desde la perspectiva correcta?
El Ayuntamiento de Almería ha encargado un estudio sobre este asunto en la ciudad, donde nada parece indicar que sea crítica la situación, entre otras razones porque tampoco tenemos tanto turismo, ni tampoco nuestro casco histórico es tan deseado y habitable como en Sevilla, Córdoba, o Granada.
Empecemos por el principio: el problema no son los pisos turísticos en sí, sino aquellos que operan al margen de la legalidad. Estos pisos ilegales, que no están registrados, no cumplen con las normativas a seguir, pero sin embargo, no parece haber una verdadera voluntad para actuar contra ellos. Y eso es lo más sorprendente: ya existen leyes que podrían aplicarse para frenar esta práctica, pero no se hace, mientras que sí se quiere poner coto a quienes actúan de modo legal.
Lo que resulta aún más interesante es el papel que ha asumido la izquierda en este debate. Tradicionalmente defensores de las clases trabajadoras y de los más desfavorecidos, ahora se encuentran defendiendo las posturas de la patronal hotelera, sus antiguos adversarios. Los hoteleros, por supuesto, no pueden estar más contentos. Según datos de Exceltur, en 2022, los pisos turísticos representaron el 20% del alojamiento turístico en las principales ciudades españolas. Desde su perspectiva, los pisos turísticos representan una competencia desleal, ya que son una opción más asequible para jóvenes, familias y aquellos con menos recursos económicos que no pueden permitirse el lujo de alojarse en un hotel.
Parece irónico que sea precisamente la izquierda quien esté luchando con más fervor contra los pisos turísticos, una alternativa que muchos de sus votantes y simpatizantes utilizan para poder viajar sin arruinarse. Esta postura ha sido un regalo caído del cielo para los hoteleros, quienes ven cómo se les allana el camino para recuperar a los turistas que estaban eligiendo la comodidad y el precio de un apartamento en lugar de una habitación de hotel. Mientras tanto, quienes antes podían optar por un piso turístico, ahora se enfrentan a menos opciones y a precios más elevados.
Un informe de Airbnb en 2023 reveló que un 35% de los anfitriones en España dependen de los ingresos de los pisos turísticos como una fuente principal de sustento. No es, por tanto, negocio de millonarios, y más si añadimos que el 93% de las viviendas en alquiler están en manos de particulares.
Un estudio de la Universidad de Barcelona en 2023 mostró que en los barrios con mayor densidad de pisos turísticos, los alquileres han aumentado en un 15% en los últimos cinco años, lo que refleja la necesidad de regulación. Dicho todo esto, es innegable que los pisos turísticos pueden ser un problema en las comunidades de vecinos. Las molestias por ruido, el aumento en los precios de alquiler y la pérdida de la identidad local son quejas legítimas que no deben ser ignoradas. Pero la solución no pasa por una prohibición total que criminalice a todos los propietarios, sino por una regulación clara y justa que permita que los pisos turísticos coexistan con la vida de barrio sin destruirla.
La regulación es necesaria, no solo para proteger a los residentes permanentes, sino también para asegurar que quienes eligen alquilar su propiedad lo hagan de manera legal y responsable. Los propietarios que cumplen con la ley no deberían verse castigados por la mala praxis de unos pocos.
El debate sobre los pisos turísticos es complejo y tiene muchos matices que no deberían perderse en la polarización. Hay una diferencia clara entre aquellos que buscan hacer negocio a cualquier precio, ignorando normativas y perjudicando a la comunidad, y aquellos que ofrecen una alternativa legal y económica para quienes quieren conocer nuestras ciudades sin gastar una fortuna.
Agenda
