En un momento en que la inmigración se ha convertido en uno de los temas más candentes del debate político en España, es fundamental que quienes mandan escuchen a quienes realmente conocen la problemática desde sus cimientos, y uno de ellos es el sector agrario. Los agricultores y ganaderos no solo son testigos directos de los flujos migratorios, sino que también son actores clave en la integración y regulación de estos trabajadores en nuestras comunidades. Sin embargo, parece que las decisiones políticas sobre inmigración se toman sin tener en cuenta su experiencia y conocimiento.
El presidente Pedro Sánchez ha hablado recientemente de "inmigración circular", un concepto que parece más una vuelta a lo que él mismo eliminó: la contratación en origen, para el posterior retorno tras la conclusión del contrato. Esta práctica, que permitía formalizar contratos laborales directamente en los países de origen de los trabajadores, fue desmantelada en 2008 bajo cambios legislativos en la Ley de Extranjería. Ahora, cuando se menciona la "inmigración circular", es evidente que estamos ante un intento de revivir algo que ya existía, pero con un enfoque que no aborda las verdaderas necesidades del sector agrario.
Andrés Góngora, representante de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), ha hecho recientemente unas declaraciones que en realidad comparten el resto de organizaciones del campo, y que reclama revisar aspectos fundamentales de la normativa actual. La exigencia de un periodo de tres años para demostrar arraigo social antes de poder regularizar el estatus migratorio resulta absurda e irrealista. En el ámbito agrícola, donde el trabajo puede ser estacional y discontinuo, esta normativa crea barreras insalvables para aquellos que buscan establecerse legalmente en nuestro país.
Aquí la realidad vuelve a darle un portazo a la ultraderecha, que descalifica con el término "buenismo" la regularización de inmigrantes que ya están en nuestro territorio, cuando precisamente lo que quiere el sector es eso, que sean "legales" quienes ya están aquí trabajando.
Además, exigir un contrato laboral de doce meses es otra traba significativa. El sector agrario no siempre ofrece empleo continuo durante todo el año; muchas veces depende de ciclos productivos y temporadas específicas. Por lo tanto, esta norma no solo es poco práctica, sino que también contradice la naturaleza misma del trabajo agrícola.
Y es que para reducir el número de peonadas que dan acceso al subsidio de desempleo agrario, sí se admite que el trabajo en el campo no es continuo como en una fábrica o en una tienda, pero no se asume la misma realidad cuando se trata de inmigrantes.
La propuesta de COAG de retomar la contratación en origen no es simplemente una cuestión administrativa; es una solución viable y segura para garantizar una mano de obra adecuada en el campo español. Permitir a los empleadores desplazarse a los países de origen para formalizar contratos directamente no solo facilitaría el acceso a trabajadores cualificados, sino que también ofrecería seguridad tanto a los migrantes como a los empleadores.
Es imperativo que nuestros políticos presten atención a estas propuestas y consideren las realidades del sector agrario al modificar la Ley de Extranjería. Ignorar las voces del campo es perder una oportunidad valiosa para crear un marco más justo y efectivo tanto para los trabajadores inmigrantes como para quienes dependen de ellos para mantener sus cosechas y negocios.
La inmigración no debe ser vista únicamente como un desafío; puede ser una oportunidad si se gestiona adecuadamente, que es algo que no se está haciendo, ni desde el punto de vista fronterizo, ni desde el punto de vista asistencial, ni social, ni económico... sencillamente porque el Gobierno, como con la ley del Solo Sí es Sí, o la de Paridad, es prepotente y decide sin consultar.
Escuchar al sector agrario es esencial para construir políticas migratorias coherentes y eficaces que beneficien a todos.
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