Lucha contra el amianto en espacios naturales de Almería

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha anunciado una inversión cercana a 1,3 millones de euros (1.255.239 euros, IVA incluido) para llevar a cabo la retirada de amianto en un total de 35 infraestructuras ubicadas en espacios naturales. La provincia de Granada será la más beneficiada con 19 actuaciones, mientras que Almería contará con una intervención específica, junto a otras provincias como Jaén (cinco), Cádiz (cuatro), Córdoba (tres) y Huelva, Málaga y Sevilla con una cada una.

Este importante proyecto es promovido por la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) y se encuentra enmarcado dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) financiado por la Unión Europea. Según la licitación publicada por la Junta y consultada por Europa Press, el contrato se divide en cuatro lotes: Almería y Granada recibirán 902.583 euros; Cádiz y Málaga contarán con 86.956 euros; Córdoba y Jaén tendrán asignados 189.597 euros; mientras que Córdoba, Huelva y Sevilla dispondrán de 76.102 euros.

Las infraestructuras afectadas fueron identificadas gracias a un exhaustivo trabajo impulsado por la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, que permitió localizar elementos de fibrocemento con contenido en amianto en los 24 Parques Naturales y dos Nacionales andaluces, incluyendo el emblemático Parque Nacional de Sierra Nevada.

Desde la entrada en vigor de la Orden del 7 de diciembre de 2001, que dio cumplimiento a la Directiva Comunitaria 1999/77/CE, el uso del fibrocemento con amianto está prohibido en el Estado desde 2002 debido a su clasificación como cancerígeno. Sin embargo, muchas estructuras construidas antes de esta prohibición aún permanecen en pie, lo que representa un riesgo para la salud pública al haber superado su vida útil estimada de aproximadamente 30 años.

La retirada del amianto se considera "aconsejable" ya que gran parte del fibrocemento existente en los Espacios Naturales andaluces ha superado o está próximo a superar esa vida útil crítica. La colaboración entre la Agencia de Medio Ambiente y Agua y la Dirección General ha sido clave para detectar estos elementos peligrosos mediante un informe detallado que garantiza un entorno más seguro para todos los ciudadanos.