El Gobierno que preside Pedro Sánchez se niega a reconocer a las familias del Caso Almería como víctimas del terrorismo, y por tanto les niega cualquier tipo de indemnización o reconocimiento en ese sentido.
En una respuesta al grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, el Gobierno del que forma parte junto al PSOE ha reafirmado su negativa a considerar a las víctimas del Caso Almería como víctimas del terrorismo, lo que implica que no recibirán indemnizaciones por parte del Estado.
El Caso Almería se refiere a un trágico suceso ocurrido en 1979, cuando tres jóvenes –Luis Montero García, Juan Mañas Morales y Cobo Mier– fueron asesinados durante una operación de la Guardia Civil que les confundió con terroristas de ETA. Los detuvo, los torturó, y acabaron muertos. En enero del pasado año, el Gobierno español pidió perdón en nombre del Estado por este crimen, reconociendo el dolor causado a las familias afectadas. Sin embargo, esta disculpa no se traduce en un reconocimiento formal como víctimas del terrorismo, lo que excluye a sus familias de posibles compensaciones económicas.
La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, que regula el Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, establece que se consideran víctimas aquellos que sufrieron acciones terroristas desde 1960. Según la normativa, para calificar un hecho como acto terrorista es necesario que haya sido llevado a cabo por grupos o personas con fines de subversión del orden constitucional o alteración grave de la paz pública. En este sentido, el Ministerio del Interior ha reconocido como víctimas del terrorismo a aquellos fallecidos y heridos durante la transición democrática siempre que los hechos hayan sido calificados como tales.
Sin embargo, en relación con el Caso Almería, el Gobierno ha argumentado que las sentencias judiciales dictadas en su momento no calificaron estos homicidios como actos terroristas. En concreto, la Audiencia Provincial de Almería condenó a los responsables por homicidio sin determinar que hubiera mediación de una banda armada o grupo terrorista. Este mismo razonamiento fue utilizado para desestimar las solicitudes de indemnización presentadas por los familiares de Luis Montero y Juan Mañas en el año 2000.
Además, la resolución desestimatoria del Ministerio del Interior fue confirmada posteriormente por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en 2003. Por otro lado, se ha informado que ningún familiar del tercer fallecido, Cobo Mier, ha solicitado indemnización alguna.
La negativa del Gobierno también plantea interrogantes sobre otros casos similares. Por ejemplo, Manuel José García Caparrós fue asesinado durante una manifestación en Málaga en diciembre de 1977 y tampoco ha sido considerado víctima del terrorismo por parte del Estado. Este tipo de decisiones han suscitado críticas sobre cómo se clasifican y reconocen las víctimas en el contexto histórico español.
A pesar de las peticiones reiteradas por parte de organizaciones sociales y políticas para incluir a estas víctimas dentro del ámbito protegido por la ley mencionada, el Gobierno ha comunicado que no se han iniciado actuaciones para tal inclusión.
En la pasada legislatura de Pedro Sánchez, fue EH Bildu quién preguntó sobre este asunto, defendiendo que fuese calificados como víctimas del terrorismo, pero el Gobierno no respondió porque al ser convocadas las elecciones generales, decayó.
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