En el año 2023, se han ingresado en Almería un total de 65 procedimientos en los juzgados de primera instancia e instrucción por juicios verbales posesorios relacionados con la ocupación ilegal de vivienda. Este dato refleja una disminución respecto al año anterior, cuando se registraron 71 casos según la estadística del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consultada por Noticias de Almería.
El año 2023 ha visto la resolución de 58 casos, lo que indica un esfuerzo por parte del sistema judicial. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de la reducción en los procedimientos ingresados, el problema persiste, ya que se ha pasado de 21 asuntos en 2018 a 65 en 2023.
En 2022, aunque hubo un ingreso de 71 procedimientos, solo había 49 en trámite, y se resolvieron 80 casos. En comparación, el año anterior, 2021, tuvo un ingreso mayor con 82 asuntos, y se resolvieron 85.
Evolución desde 2018 hasta 2023
A lo largo de los años, las cifras han variado significativamente. En 2020, se ingresaron 62 procedimientos, pero solo se resolvieron 34 casos. En contraste, en el año 2018, se registraron únicamente 21 asuntos ingresados, con apenas 8 resueltos.
Desde 2018 hasta 2023, Almería ha escalado posiciones en cuanto a la cantidad de asuntos relacionados con la ocupación ilegal. Ha pasado de ser la sexta provincia más afectada a convertirse en la tercera, superada solo por Granada y Sevilla.
Ocupación Ilegal de Vivienda
En el contexto actual, Almería presenta cifras preocupantes. En 2019, alcanzó su punto más alto con 85 ingresos. Desde entonces, aunque ha habido un descenso claro desde 2021, la problemática sigue siendo notable.
La evolución numérica muestra que mientras otras provincias como Málaga (92) y Sevilla (70) continúan presentando altos niveles de ocupación ilegal, Almería ha tenido que lidiar con un incremento significativo desde sus cifras iniciales.
Los datos reflejan una tendencia preocupante: el aumento constante de casos relacionados con la ocupación ilegal. La situación demanda atención urgente por parte del gobierno y las autoridades locales para abordar este fenómeno social y garantizar el derecho a la vivienda.
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