En el Boletín Oficial del Estado de este sábado, día 19 de octubre, se ha publicado la Ley Orgánica 4/2024, de 18 de octubre, por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
Tras la exhortación solemne de ser vista y entendida esta ley orgánica, le sigue un preámbulo dividido en tres partes concordantes señaladas con números romanos y una disposición adicional, otra transitoria y seis finales, así como, el último párrafo antes de ser suscrita con las formalidades constitucionales, en el sentido que, no nos queda más remedio por imperativo legal cumplir el mandato de la misma de guardar y que hagan guardar esta ley orgánica.
Sin adentrarme en la tramitación parlamentaria, yéndome directamente al resultado, cada día habrá que estar más atentos desde la sociedad civil a realizar una fiscalización de las normas que se van o se están tramitando por el Congreso de los Diputados y por las Cámaras legislativas de las comunidades autónomas, ya que son muchos los errores de hecho o de derecho cometidos en los últimos años de este ominoso periodo legislativo.
Porque en el caso que nos trae a colación es una consecuencia de las hojas de ruta marcadas por determinados partidos políticos, los cuales, no es que deseen otra España con más libertad, justicia e igualdad, sino que desean llevarnos a una parte mayoritaria de españoles a la ultratumba, deteriorando todos aquellos elementos en los que se vertebra la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.
Dónde está la ética política del legislador que aprueba una norma contraria al no cumplimiento de las condenas impuestas por los tribunales de justicia de España a los asesinos de servidores públicos, sin que estos criminales hayan colaborado con la justicia en esclarecer los hechos y otros cometidos y, menos aún, se hayan arrepentido de tan atroces hechos delictivos contra la dignidad humana.
A veces piensan Sus Señorías de la Carrera de San Jerónimo, que el pueblo a pie de calle no nos damos cuenta de lo que hacen o dejan de hacer, como del resto de cargos públicos y asesores, pero lo acontecido sin la más mínima transparencia informativa por parte del partido mayoritario del pacto de legislatura “contra natura”, que es quien debería de haber hecho saber que esta decisión era y es ignominiosa y una afrenta espiritual para los difuntos y para los familiares, y para los españoles que confiábamos en no ser traicionados.
En momentos determinados de este periodo democrático, no siempre hemos visto con buenas percepciones sensoriales las negociaciones ocultas llevadas a cabo con etarras, las excarcelaciones, el acercamiento de presos, y nuevas leyes penitenciarias para propiciar beneficiarles en la redención de penas por los abominables crímenes cometidos, incluso, en muchos casos, están formando parte de los órganos públicos como cargos electos, en vez de estar inhabilitados de forma perpetua a ostentar representación pública alguna.
En todo caso, una cuestión que me preocupa, cada vez más, no se sí a otros lectores, que ante la intensa y extensa información que recibimos sobre normas legales que se están tramitando, que parecen a priori que no quiebran los valores constitucionales y democráticos, pero que leyéndolas pueden distar mucho del concepto angelical que nos habíamos forjado, es evitar que no sigan tamizando por la puerta de atrás ningún párrafo normativo de elevada ingeniera política, muy dados en la España de la transición política, que en apariencia parezca, de vaga o tenue importancia y en sus honduras literarias suponga jurídicamente una involución en nuestras instituciones y en la sociedad civil, y una hundimiento del Estado de Derecho.
Agenda
