La asociación ha registrado en el Consistorio sus alegaciones a la ordenanza municipal que modifica el precio del suministro domiciliario del agua, criticando además que no se haya tenido en cuenta a la organización antes de realizar la aprobación de las nuevas tarifas, como representante y defensora de los derechos de los consumidores y usuarios almerienses.
En este sentido, FACUA Almería señala que una subida tan elevada no hará sino perjudicar gravemente la economía de las familias, y critica que no se hayan planteado otras formas para aplicarla, como haberlo efectuado de forma progresiva durante los siguientes ejercicios económicos en lugar de hacerlo de una vez.
La asociación cuestiona que se haya realizado un estudio del impacto que provocará este alza del 35% en las tarifas, así como si se han contemplado posibles soluciones para los almerienses que puedan encontrarse en dificultades una vez se les aplique la subida, con los posibles cortes de suministro por impago que puedan sufrir.
Por otro lado, FACUA Almería también critica que no se hayan planteado posibles bonificaciones o exenciones en aquellos casos en los que se produce una avería —que no sea responsabilidad del usuario— con la consecuente fuga de agua, lo que va a provocar inevitablemente un aumento en el recibo mientras dure el problema.
La asociación considera imprescindible que se cree una medida de este tipo y que no sea aplicada únicamente a una sola factura, como viene siendo habitual, sino a todas aquellas correspondientes a las fechas desde que se produce la fuga por la avería hasta su entera reparación. En ocasiones, señala FACUA Almería, el retraso en el arreglo puede provocar que se vean afectados más de un recibo, por lo que los usuarios deberían tener una bonificación en todos ellos.
Así, la asociación incide en que la modificación de la ordenanza no debería servir sólo para introducir subidas en las tarifas. El Ayuntamiento debería haber aprovechado la ocasión para realizar mejoras sobre la norma, en pos de mejorar el servicio y la protección de los intereses de los usuarios almerienses.
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