Mientras estallan las calles de las grandes ciudades por el problema de la vivienda, y la inmigración irregular es considerada uno de las principales preocupaciones ciudadanas, el gobierno ha decidido que lo "urgente" en el Estado español es resolver el bloqueo en el consejo de administración de la Radiotelevisión Española (RTVE) y por ello ha utilizado un decreto para cambiar toda su estructura. Y han designado a Óscar López, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, como el portavoz de esta brillante idea. ¿Qué tiene que ver la función pública con una empresa que forma parte de la SEPI, que a su vez depende de otro ministerio? Pero bueno, cada uno en su mundo.
El decreto se justifica por la "urgencia" del asunto. Urgencia que parece más bien un capricho político que una necesidad real. Aparentemente, España está al borde del colapso porque el Consejo de Administración de RTVE no logra renovarse, y quizá fue por eso que el pasado domingo hubo una concentración en Madrid de miles de personas, otras tantas acampan en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, o Canarias está al borde del desborde. Debe ser eso, que esas situaciones son debidas a la falta de consenso para elegir a los "bienpagaos" de la RTVE. Sin embargo, si miramos a nuestro alrededor, encontramos otras urgencias mucho más acuciantes: la sanidad pública, la educación o incluso el cambio climático. Pero no, lo urgente aquí es cambiar cómo se eligen los vocales del Consejo. ¡Qué gran prioridad!
En tanto que antes había diez miembros, elegidos cinco por el Congreso y otros tanto por el Senado, el nuevo decreto establece que ahora será el Congreso quien tendrá 11 y el Senado solo 4... ¿por qué, si ambas cámaras son Cortes Generales, y ambas representa igualmente a la ciudadanía? Pues la cosa está clara, el PP tiene mayoría en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado, por lo que, efectivamente, tiene una mayoría en el Consejo que obliga a que cualquier decisión sea aceptada por ello, es decir, obliga a negociar... a partir de ahora la formación política con más diputados y más senadores, con más ayuntamientos, más comunidades autónomas y más europarlamenterios, queda reducida a comparsa de las minorías. Ahora, en caso de bloqueo, una mayoría absoluta será suficiente para la toma de decisiones, por lo que el PSOE, solo con sus socios tendrá de sobra para lograrlo.
Estamos ante un ajuste puramente coyuntural y oportunista. La pluralidad se convierte así en un juego de sillas donde solo los amigos del gobierno tienen asegurada su plaza.
No solo eso, a partir de ahora el mandato de los consejeros es de seis años y no habrá renovaciones parciales del consejo, con lo cual, incluso si el PP ganara las próximas elecciones, toda su legislatura tendría que tener una RTVE "enemiga".
Óscar López ha tenido la osadía de presentar este cambio como un refuerzo a la pluralidad en RTVE. ¿Pluralidad? Más bien parece una jugada burda para asegurar que los consejeros sean representantes de los partidos políticos afines al gobierno. En su discurso, López deja claro que considera a los vocales como meros representantes políticos, ignorando por completo el espíritu del servicio público que debería regir a RTVE.
Y hablando de pluralidad, resulta irónico que Vox quede excluido del reparto siendo el tercer partido en escaños. Así que tenemos un pluralismo selectivo: todos los partidos sí, menos uno. Es como si en una fiesta rockera dijeran: "¡Todos son bienvenidos! Ah, pero tú no puedes entrar porque tu camiseta no es del agrado del anfitrión". Como diría esa icónica banda británica: "You can’t always get what you want", pero parece que algunos sí pueden obtener lo que les conviene.
El Consejo de Informativos ha criticado este decreto y ha abogado por mayorías cualificadas para garantizar consensos reales en las decisiones del Consejo de Administración. Quizás ellos entienden algo fundamental: RTVE debería ser un espacio donde todas las voces tengan cabida y donde se respete realmente la diversidad política y social del país, donde no se malgaste el dinero público en contratar programas de atontamiento.
Este decreto no es más que otra muestra del uso partidista de las instituciones públicas en España. La urgencia proclamada por el gobierno huele más a estrategia política que a verdadera necesidad democrática. Si realmente quisiéramos pluralidad y representación genuina en RTVE, quizás deberíamos empezar por escuchar a todos los sectores y no solo a aquellos que nos convienen.
Tras el CIS, el Banco de España, la Fiscalía, el Constitucional... llega ahora RTVE... ¿qué será lo próximo?
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