Mientras los voluntariosos voluntarios y los no voluntarios pero trabajadores vocacionales de la cosa (cuerpos policiales, sanitarios, bomberos, militares...) están de barro hasta las rodillas que otros tienen que mancharse para salir bien en pantalla, en un alarde de promesas rimbombantes y cifras mareantes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado ayudas por valor de 14.365 millones de euros para las víctimas de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Sin embargo, tras un análisis minucioso, esta cifra parece más un acto de prestidigitación política que un verdadero compromiso con los afectados.
De los mencionados 14.365 millones de euros, 5.000 millones corresponden a avales del ICO. ¿Qué significa esto? Pues que el Estado solo asumirá la responsabilidad de estos fondos si los prestatarios no pueden devolver los préstamos. En otras palabras, se carga la responsabilidad financiera sobre las espaldas de aquellos que ya han sido golpeados por la catástrofe. ¿Alivio? Más bien una patada hacia adelante de la pelota del problema. Es decir, que los arruinados, primero deben conseguir que un banco les haga un préstamos, lograr el aval del ICO, después iniciar el negocio... y devolver el préstamos, y si el negocio no remonta y siguen en la ruina, entonces no tendrán que devolver todo o parte del mismo. ¡Un alivio!
Cuando desglosamos los números, el escenario no mejora. De los 10.600 millones de euros restantes, la mayor parte proviene del consorcio de seguros, por lo tanto, de lo depositados por las aseguradoras en éste, y que en realidad hemos contribuido todos -también los afectados- a generar.
Quedan por tanto, unos 2.100 millones de euros, y de éstos, 600 millones corresponden a una simple moratoria del segundo pago aplazado del IRPF, una mera postergación que los contribuyentes tendrán que pagar tarde o temprano. ¿Generosidad estatal? Apenas un préstamo forzado. ¡Otro alivio!
Así, de los prometidos 14.365 millones de euros, la aportación real del Estado se reduce a la minúscula suma de 1.500 millones de euros. Un despliegue de cifras grandilocuentes que, al final del día, son solo humo y espejos. Esta maniobra ha provocado una oleada de críticas y un creciente escepticismo sobre la transparencia y efectividad de las medidas gubernamentales.
Y para 1.500 millones no hace falta ni presupuestos... ¿o acaso no recordamos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondiendo a una periodista aquello de "Chiqui, 1.100 millones... eso es poco" en referencia a los PGE?
La percepción de "trilerismo" político, donde las cifras se manipulan con maestría para pintar una realidad más favorable, pone en entredicho la credibilidad del Gobierno. En tiempos de crisis, la confianza debería ser crucial, y la sensación de engaño no hace sino minar la cohesión social y la esperanza de una recuperación efectiva.
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