El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha manifestado su satisfacción por la celebración de la Conferencia Sectorial de Justicia en Córdoba, donde se analiza un nuevo modelo de justicia para España. Esta reunión surge tras la reciente aprobación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, una normativa que promete transformar el sistema judicial en un corto periodo debido a sus exigentes plazos.
Nieto ha enfatizado la necesidad de que el Ministerio de Justicia proporcione recursos y coordinación a las comunidades autónomas para facilitar la implementación efectiva de esta ley, evitando así desequilibrios entre diferentes territorios. La nueva legislación prevé sustituir los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, lo que conllevará una reorganización del personal.
Desafíos en la implementación y presupuesto
El consejero ha señalado que este proceso requerirá un esfuerzo significativo tanto en recursos humanos como económicos. En este sentido, ha solicitado al ministro que el Gobierno central colabore compartiendo estos costes. Además, ha recordado que la Junta tuvo que elaborar sus Presupuestos para 2025 sin conocer aún los detalles de la ley, aprobada recientemente en el Congreso y pendiente del Senado. A pesar de esto, Nieto ha asegurado que se realizará un trabajo intensivo para garantizar que Andalucía no se quede atrás en esta transición.
Nieto también ha destacado la importancia de integrar los sistemas digitales de tramitación para asegurar la interoperabilidad entre diferentes órganos judiciales. Ha pedido «lealtad institucional y comunicación» entre el Ministerio y las comunidades autónomas, con el fin de mantener una interlocución adecuada con las organizaciones sindicales y evitar negociaciones desiguales que puedan generar problemas.
Transformación del sistema judicial andaluz
La transformación planteada por esta ley no necesariamente implicará un aumento del personal, sino más bien una reestructuración de las plantillas existentes. Los empleados dejarán de estar asignados a un juzgado específico para integrarse en unidades que apoyen la tramitación en los tribunales de instancia. Asimismo, se establecerán servicios comunes para ejecutar sentencias, ya que el retraso en este ámbito es uno de los principales desafíos del sistema actual.
Nieto ha subrayado la responsabilidad compartida entre todas las administraciones para lograr que «la Justicia deje de ser percibida como algo lento e ineficiente», adaptándose a las necesidades del siglo XXI.
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